Mientras el mundo lucha por la preservación del agua y de los ecosistemas para combatir la inminencia del cambio climático, en Bogotá, algunos utilizan las faldas de los cerros orientales para hacer construcciones ostentosas, que no miden el impacto ambiental, a pesar de estar ubicadas en zonas protegidas.En la reserva forestal protectora del bosque oriental de Bogotá, en una zona denominada El Bagazal (en Chapinero Alto), funcionarios de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Policía Nacional allanaron cinco predios Bambu, Puche, El Tuno, Monterodro, y Arrayan, donde se construye ilegalmente.Los organismos de control quedaron sorprendidos cuando se encontraron con maquinaria como mezcladoras, cargadores, una cortadora y un canguro. Además de esto quedaron atónitos al descubrir que uno de los proyectos tenía cinco niveles y un sótano. Para la realización de estas obras se talaron árboles, ocuparon cauces de la quebrada Los Rosales y se realizaron obras de adecuación y nivelación del terreno. Todo esto en perjuicio del ecosistema propio de la zona.Cabe destacar que los títulos de propiedad de los predios de los cerros orientales en su mayoría pertenecen a privados, pero estos deben acatar las condiciones de uso y en ellas se prohíbe la construcción de viviendas en zona de reserva. Solo quedan protegidas algunas viviendas que ya tenían preexistencia antes de que se regularan las normas ambientales, lo que, sin embargo, no les permite deteriorar el entorno.Lo más llamativo es que en el predio llamado Bambú pretendían construir oficinas, en las que podrían laborar hasta 120 personas. El director de la CAR, Néstor Franco al observar esto cuestionó: “Qué empresa pretende funcionar en las faldas de la montaña. Una carga tan grande de personal afectaría el predio”.Pero eso no es todo en Bambú. Allí pretendían edificar una obra de más de 14.000 metros cuadrados, Y si bien lo materiales y equipos que se vieron hacían parte de la comercializadora Kaysser, en algunas bitácoras de la obra los registros aparecen a nombre de Grupo Sinergia y Compañía. En esta obra se evidenció la ocupación del cauce, captación de agua de la quebrada Los Rosales y afectación paisajística.Por todo lo visto en el allanamiento, más la información suministrada por la CAR, la Fiscalía ya adelanta investigación penal en los cinco predios, donde se habrían presentado las infracciones penales o daños ambientales. Esto puede concluir en una posible extinción de dominio.Así mismo la CAR ha está analizando las posibles sanciones que podrían caber ante este hecho, estas podrían ser multas millonarias, la demolición de los predios y la restauración del área afectada.Lo cierto es que ahora se espera que el Distrito y las demás autoridades tomen acciones y realmente hagan seguimiento, para que las obras de este tipo no se sigan adelantando en uno de los templos naturales de la ciudad.