Según la Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en Colombia se han gastado alrededor de US$86 millones desde 2001 en la protección de personas amenazadas por grupos armados ilegales. La agencia señala que de ese monto el gobierno colombiano ha aportado US$72 millones, mientras el de Estados Unidos ha puesto US$14 millones. Según el documento de la entidad estadounidense, los beneficiarios del "Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia", son cerca de 28.000 personas entre sindicalistas, defensores de derechos humanos, alcaldes, concejales, maestros, periodistas y militantes de partidos de izquierda, perseguidos por asesinos a sueldo. De acuerdo con los datos oficiales, en 2003 en Colombia fueron asesinados 49 sindicalistas y siete más en lo que va de 2005.