En Colombia hay cerca de 15.000 víctimas registradas de minas antipersonal desde 1985. De hecho, el país ocupa en el mundo el segundo lugar después de Afganistán. Se espera que el número siga creciendo, incluso luego de firmar un acuerdo de paz, ya que las minas permanecerán en el territorio mientras no se complete el proceso de desminado.Para la Fundación Saldarriaga Concha los gobernantes locales deberán tener en cuenta esta situación para trabajar por incluir a las personas con discapacidad y especialmente a quienes han sido víctimas del conflicto. Estas son algunas de las recomendaciones para los gobernantes:- Caracterizar e identificar a quienes tienen discapacidad por medio de la estrategia de registro que lleva el Ministerio de Salud.- Desarrollar programas de detección y atención temprana de la discapacidad y de rehabilitación integral que incluyan salud, servicios institucionales y comunitarios.- Promover la inclusión social en los ámbitos cotidianos, desde un enfoque de independencia y autonomía para las personas con discapacidad.- Aumentar la oferta de educación inclusiva, preparar a los maestros e instituciones, crear ayudas didácticas y apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad en las aulas.- Diseñar programas dirigidos a los cuidadores y las familias de personas con discapacidad.- Garantizar espacios de participación para las personas con discapacidad en los comités de discapacidad, de justicia transicional, política social, entre otros.