Pese a las dificultades para su puesta en marcha, el Código de Policía y Convivencia era una necesidad para las ciudades colombianas teniendo en cuenta los cambios en las dinámicas en los últimos años. Mientras se implementa y reglamenta el código, la administración distrital trabaja en aumentar la capacidad institucional. Por ejemplo, la planta de inspectores pasó de 45 a 63 y se espera llegar a 100 con 18 especializados, según explicó Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá.Por su parte, Gloria Díaz, concejal de Bogotá, resaltó que “de nada sirve tener un código estructurado si el ciudadano no lo apropia” y en esta labor se debe tener en cuenta otro tipo de actores como el entorno familiar y el cultural.