La sección cuarta del Consejo de Estado revocó el fallo de tutela luego de que una sala de conjueces ordenó el reintegro al Ejército del general Álvaro Velandia, acusado de la desaparición de la guerrillera del M-19 Erica Bautista en el año 1987. El Consejo de Estado acogió nuevamente el concepto de la Procuraduría, que solicitó revocar el fallo de tutela y dejar en firme la sanción disciplinaria proferida por el Ministerio Público en el año 2008 . Este ha sido un proceso largo, pues el general Velandia se mostró insatisfecho por la decisión de la Procuraduría. Inicialmente, la Sección Segunda de ese tribunal revocó la destitución. Una nueva revisión de la Sala Plena nuevamente dejó en firme el fallo disciplinario. En marzo del 2011, una sala de conjueces le dio otra vez la razón a Velandia. Este fallo fue nuevamente revisado por el Consejo de Estado, quien determinó mantener la sanción disciplinaria. El caso Nidia Erika Bautista era una activa militante del M-19 que en 1986 fue detenida por el Ejército en Cali acusada de pertenecer a las redes urbanas de esa organización alzada en armas. No obstante, logró fugarse antes de que la entregaran a la justicia. La identidad de la mujer fue conocida públicamente cuando sus familiares denunciaron su extraña desaparición. Era el 30 de agosto de 1987. Durante los siguientes tres años, el paradero de la militiánte del M-19 fue un completo misterio. Hasta que en agosto de 1990, cuando todos creían que Bautista nunca iba a aparecer, un hombre que se identificó como exintegrante del Batallón Charry Solano le dijo a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría que conocía los pormenores del secuestro y posterior asesinato de la mujer. Según el relato del ocasional testigo, a las 6:30 p. m. del 30 de agosto de 1987, Bautista caminaba por el barrio Casablanca, al sur de Bogotá, cuando fue abordada por varios hombres que se desplazaban en un campero Suzuki de color gris, adscrito al Ejército. Luego -dijo el testigo- la llevaron a Bosa, después a una residencia en Soacha, donde permaneció dos días antes de ser trasladada a Guayabetal, Cundinamarca, donde fue asesinada y sepultada una semana después. Allí, en un paraje rural, fue hallada por sus familiares. Durante los siguientes cuatro años y medio, la Procuraduría adelantó las investigaciones que concluyeron con la atribución de la responsabilidad al general Velandia y al sargento segundo Julio Roberto Ortega Araque. Sin embargo, poco después el caso tomó otras dimensiones, cuando el Gobierno condecoró al general Velandia con la medalla Orden al Mérito Militar.