El alcalde de Maracaibo Manuel Rosales, la figura más visible de la oposición venezolana, no se distingue por el uso de la palabra. Su oratoria no es brillante y palidece frente al estilo histriónico del presidente Hugo Chávez Frías. Pero el miércoles pasado, los venezolanos estaban muy pendientes de su mensaje que los canales privados de televisión transmitieron desde Lima, Perú, adonde llegó en busca de asilo por considerarse un perseguido político del gobierno de la República Bolivariana. "Un demócrata no se entrega a un dictador, y mucho menos si ese dictador es un cobarde", dijo. Mientras tanto, los tribunales venezolanos solicitaban su captura a Interpol. El caso de Rosales, rival de Chávez en las presidenciales de 2006, se ha convertido en una novela. El líder opositor estaba en la clandestinidad desde principios del mes, cuando denunció una persecución judicial en su contra, y debía presentarse el lunes pasado ante los tribunales para enfrentar un proceso por enriquecimiento ilícito. Pero su paradero era un misterio. Antes de la audiencia, la oposición denunció que existía un fallo condenatorio sin siquiera haber oído a Rosales, quien no se presentó y sólo reapareció el martes en Perú. El canciller peruano advirtió que Rosales no debe usar ese país como plataforma política, pues podría enredar su asilo, que debe definirse en los próximos días. Las autoridades venezolanas defienden la independencia de la justicia, pero nadie se llama a engaños. La separación de poderes se ha ido desvaneciendo en su país y la persecución a Rosales parece dictada desde el Palacio de Miraflores. El chavismo nunca lo ha podido derrotar en el Zulia, el estado más rico y poblado de Venezuela. En la campaña para las elecciones regionales de noviembre, Chávez hizo pública su intención de encarcelarlo: "Una calaña como esa tiene que estar en prisión", sentenció. Incluso advirtió que se iba a poner al frente de un plan que bautizó "Operación Manuel Rosales, vas preso". En ese entonces parecían simples excesos retóricos. En Venezuela nadie se sorprende de que Chávez insulte a sus rivales, pero la última escalada contra los opositores se parece cada vez más al totalitarismo. El aparato estatal persigue, curiosamente, a aquellos que tienen estatura presidenciable y podrían convertirse en una amenaza. Primero fueron las 272 inhabilidades políticas que sacaron del camino a líderes populares como el ex alcalde de Chacao Leopoldo López. A pesar de todo, la oposición se quedó con cinco de las gobernaciones más importantes y Antonio Ledezma ganó la Alcaldía de Caracas.Después vino la ofensiva para quitarles funciones y poder a las alcaldías y gobernaciones alcanzadas por la oposición hasta convertirlas en un cascarón vacío. En Caracas, Chávez incluso se inventó la figura de un 'jefe de gobierno', nombrado por él mismo, al que le traspasó el despacho y el presupuesto del alcalde electo. Y en las últimas semanas se comienzan a materializar las amenazas de cárcel que el Presidente blandió contra los opositores. Al proceso contra Rosales se suma el de Raúl Baduel, ex ministro de Defensa convertido en disidente político, quien se encuentra tras las rejas, acusado de corrupción, después de un arresto que pareció más un secuestro que una diligencia judicial. La oposición está organizando protestas masivas desde el primero de mayo. Para el alcalde Ledezma, lo que están viviendo los venezolanos es un golpe de Estado a sangre fría. "Aquí no hay división de poderes. El Presidente usa el Parlamento como mejor le parezca. Igual ocurre con los tribunales, que se utilizan como paredones de fusilamiento para liquidar adversarios, porque aquí se criminaliza la disidencia", dijo a SEMANA. Y coincide con Rosales cuando afirma que "en la práctica, Chávez actúa como un dictador".