La advertencia tiene relación con el régimen de transición del sistema de subsidios y contribuciones para los operadores de telefonía local, pues dicha ley autoriza a la Nación el pago del cien por ciento del monto del déficit generado por la Ley 812 de 2003, el cual, según la Contraloría, de ser mayor al adecuado generaría un detrimento al erario público.El Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Nelson Izáciga León dirigió una Función de Advertencia en este sentido al ministro Diego Molano Vega.Según la Contraloría, es necesario que el Gobierno Nacional considere todas las herramientas para estimar el monto correcto del déficit y los mecanismos para disminuir las asimetrías de información con los proveedores de los servicios de telefonía local, tales como ETB, UNE, Emcali, Telefónica Telecom, Metrotel y Telebucaramanga, entre otros.Para el ente de control debe procederse así “dado que es posible que las contribuciones estén subvaloradas y los subsidios sobrevalorados, lo que implicaría un mayor monto del déficit, por encima del adecuado, lo que generaría consecuencias sobre el patrimonio público”.A la Contraloría General de la República le preocupa, que teniendo presente los resultados de las auditorías adelantadas al Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para diferentes vigencias, se haya observado una gestión desfavorable tanto en la vigilancia y control para el eficiente cobro de los recursos que deben cancelar los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, así como en el manejo del sistema de subsidios y contribuciones entre los operadores de telefonía local.El Contralor Delegado del Sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones solicitó al ministro de las TIC mantener informada a la Contraloría General de la República sobre las gestiones realizadas, teniendo en cuenta lo advertido por el ente de control.