Después de dos años de intervención, no existe un censo definitivo que permita establecer el número de hogares que deben ser reubicados para efectos de iniciar las obras definitivas de reconstrucción de los más de 20 kilómetros del Jarillón de Cali. Así lo evidenció la Contraloría General de la República en el marco de la Audiencia de Especial de Seguimiento a este megaproyecto que realizó hoy en Cali, con la participación de la comunidad afectada por la ola invernal del 2010 cuyas viviendas se encuentran en condición de riesgo. De acuerdo a lo expresado por la comunidad, existe desinformación y confusión en relación a los programas de vivienda que adelanta la Alcaldia, en virtud que en zonas cercanas a las afectadas o en condición de riesgo se desarrollan otros programas de interés social con el Ministerio de Vivienda, distintos a los de vivienda gratuita por reubicación que se financian con recursos del Fondo Adaptación. En este sentido el contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga Pardo, ordenó una Actuación Especial de Fiscalización para los riesgos evidenciados en materia de definición de beneficiarios, titularidad, valoración de impactos socio-económicos en familias que desarrollan actividades de sustento en el sector, definición de controversia por inclusiones y exclusiones, asignación de cupos y verificación de número de familias que viven en un solo techo, entre otros. Adicionalmente el Delegado recomendó que se integre una veeduría de la comunidad al proceso auditor regular que se le hace al programa de vivienda en Cali y solicitó a la Alcaldía que en el término de 15 días hábiles presente un cronograma detallado que incluya la publicación de la lista de beneficiarios y así poder otorgar un espacio para que los miembros de la comunidad puedan apelar sus derechos de ser incluidos o denunciar inclusiones injustificadas. Zuluaga Pardo precisó además que este proyecto reviste una alta complejidad en materia socio-económica que demanda del Estado una milimétrica planeación, que garantice que las familias de las zonas aledañas al Jarillón, que además están en riesgo, puedan ser reubicadas en el menor tiempo posible, y así facilitar el inicio de las obras de reconstrucción, necesarias para contrarrestar los impactos de futuros fenómenos naturales en la ciudad de Cali.