Según dio a conocer el ente acusador, los hechos denunciados señalan que Peñaloza fundó una empresa de asesorías integrales que ha celebrado múltiples contratos con el Estado y cuyos dueños son su esposa e hijos. En días pasados la Procuraduría abrió investigación preliminar por estos mismos hechos, según anunció la entidad, con el fin de esclarecer los sucesos, realizará pruebas documentadas y se escuchará en versión libre al ministro de Transporte. El ministro de Transporte dice que la empresa GyP, sociedad familiar, solamente está inhabilitada para contratar con el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Transporte, permitiéndole de esta manera celebrar contratos con otras entidades del país.