Por su parte, el gobierno colombiano consideró extrema la medida, debido a que se han tomado medidas a respecto. Además la ayuda económica que recibe la unidad, presente en el oriente del país, una de las zonas de conflicto más importantes, es crucial para el combate en contra de los grupos armados. El caso de los civiles muertos ocurrió en diciembre de 1998, en el poblado de Santo Domingo, en el departamento de Arauca. 18 personas fueron asesinadas cuando un escuadrón de las FAC estaba combatiendo a guerrilleros de las FARC. En su momento, los miembros de la FAC implicados aseguraron que los civiles habían muerto por una bomba de las FARC, afirmación que luego fue desmentida. Según investigaciones del FBI, los pedazos de metralla encontrados en los cuerpos corresponden a bombas de tipo "cluster", de fabricación estadounidense usada regularmente por la Fuerza Aérea. La única respuesta que ha obtenido el gobierno sobre el caso, es que los pilotos del helicóptero, César Romero y Héctor Mario Hernández, fueron los responsables de arrojar una bomba contra los civiles y los sancionó, dentro de sus posibilidades legales, con tres meses de suspensión. El Senador demócrata de Estados Unidos, Patrick Leahy, uno de los impulsores de la investigación aseguró que, "hubiera sido mucho mejor que los militares colombianos hubieran cooperado en la investigación y la verdad saliera, así las familias de las víctimas podrían ver justicia". Marta Lucía Ramírez, Ministra de Defensa, aseguró que la resolución norteamericana resulta precipitada e inconveniente, "hasta tanto no haya un resultado definitivo, consideramos inadecuado cancelarle la cooperación a toda una unidad militar".