La Corte Superior de Tokio ordenó a la empresa fabricante de cámaras fotográficas y equipos de precisión Olympus Corp. a pagarle 2,2 millones de yenes (US$ 29.000 ) a su trabajador Masaharu Hamada por haberlo transferido de la división de ventas, donde tenía un buen expediente de trabajo a una tarea más solitaria. Hamada demandó a la Olympus en el 2008 exigiendo 10 millones de yenes (US$ 130.000) como indemnización pues afirmó que la transferencia fue un castigo por presentar la queja de un proveedor en el sentido de que los empleados con conocimiento de tecnología estaban siendo robados por la Olympus. De acuerdo con la información, Hamada primero presentó la queja con su jefe y luego con la unidad de cumplimiento de normas de la empresa. "Pensé que había hecho lo correcto para mi empresa y para la sociedad, pero algo está mal cuando una persona honesta es la que pierde", indicó Hamada de 50 años, quien fue citado por el diario Asahi tras la decisión de la corte. Olympus consideró en un comunicado que la decisión era "lamentable" y estaba considerando la posibilidad de presentar una apelación ante la Corte Suprema. Japón tiene una sociedad conformista que tiene a respetar el poderío de las empresas que exigen una lealtad incuestionable. La ley de protección a los denunciantes de actos indebidos fue adoptada apenas en el 2006, pero los críticos consideraron que aún es inadecuada porque no castigan a las empresas que toman represalias contra los empleados que denuncian las conductas o acciones nocivas de las empresas. AP