Las marchas cocaleras ya son parte del paisaje del nordeste antioqueño. En lo que va corrido del año más de 5 mil personas han salido de sus veredas a protestar las fumigaciones con glifosato, por las promesas incumplidas de la Gobernación, por los erradicadores manuales, por la falta de vías y escuelas para los niños, por la presión del Ejército, por la presión de la guerrilla. La de esta semana no es la excepción: protestan, en suma, por los líos de la coca. El Norte y el Bajo Cauca en Antioquia es una de las zonas con mayores extensiones de cultivo de coca en el país. Al rededor de 8 mil hectáreas han sido sembradas en los últimos años de las cuales – según Policía antinarcóticos- han erradicado 4.500. Según un informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Undas, Tarazá es el municipio antioqueño donde más cultivos de coca había por hectárea en 2006. Ese año se calculaba que había 1105 hectáreas cultivadas y en 2005, eran 1402. Los cultivos de coca constituían el 18% de todos los cultivos del departamento antes de que empezaran las erradicaciones manuales. En Tarazá también se han decomisado estupefacientes y encontrado laboratorios de procesamiento de coca. Según el alcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez, de 42.000 habitantes que viven en el municipio, 15.000 dependen del cultivo de la coca para subsistir. Gran parte de ellos son los que están organizando las protestas que hoy miércoles cumplen cinco días. Restaurantes, oficinas, droguerías y hasta la Alcaldía han decidido cerrar sus puertas por miedo a los saqueos y a los disturbios de los manifestantes. Las autoridades locales han decretado toque de queda. Todavía no se ha logrado un acuerdo entre los líderes veredales y las autoridades departamentales y locales. Los campesinos se quejan porque el gobierno no les ha cumplido con lo prometido desde hace dos meses cuando, en la primera marcha de este año, acordaron que les ayudarían a sustituir los cultivos ilícitos por cultivos lícitos y se le daría un subsidio por dos meses. Según el alcalde Gómez: “Se están quedando sin qué comer”. La misma Gobernación lo reconoce: “Se nos ha salido de las manos toda esta demora –dijo el director del SIMPAD, John Freddy Rendón- la recopilación de la información se ha tardado más de lo que esperábamos”. Pero agregan, además, que no intentarán más negociaciones con los campesinos mientras continúen con los disturbios. Para Gómez la mejor alternativa sería que a los campesinos afectados por la erradicación manual se les reconozca como desplazados, de esta manera podrían beneficiarse de auxilios económicos y participar de los programas de Acción Social. Pero es difícil que el gobierno les otorgue este reconocimiento si los campesinos quieren continuar sembrando coca o continúan siendo presionados por la guerrilla. Treinta y tres personas han sido detenidas hasta el momento y 44 han resultado heridas, la mayoría miembros de la fuerza pública. En las horas de la tarde de ayer la troncal fue bloqueada con llantas quemadas, troncos, ladrillos, basura y escombros, y los negocios permanecían cerrados, ocasionando también pérdidas económicas. Al cierre de este artículo las cosas tendían a empeorar. Las intenciones de protesta de los cocaleros parecen un asunto de largo aliento. “Ya vienen en camino más gente de otras veredas –le dijo a Semana.com uno de los manifestantes que pidió la reserva de su nombre- la guerrilla presiona y hay que salir (...) yo creo que si no se solucionan rápido las cosas, en pocos días acá habrá más campesinos que la vez pasada”. Hace dos meses hubo 4 mil personas hacinadas por tres semanas en dos colegios del municipio. Además de los habitantes de Tarazá que participan en la protesta, se han desplazado hasta el lugar, campesinos provenientes de Ituango, Santa Rita y La Caucana. La versión de que la guerrilla de las Farc (frente 36 y 18) estarían instigando las protestas cobra cada vez más fuerza. Según la Policía de Antioquia el negocio de los cultivos de coca en esta zona son la principal fuente de financiación de estos grupos y serían los últimos en permitir la erradicación. Incluso, versiones de algunos manifestantes han advertido que si la situación se alarga, los guerrilleros aportarían armas a los manifestantes para generar aún más caos. Claro que también hay muchos campesinos cuya preocupación es legítima pues, luego de las fumigaciones se han quedado sin nada de qué vivir. Mientras los representantes de la gobernación y los líderes se ponen de acuerdo para una nueva reunión de concertación, el municipio destinó una zona de albergue donde pueden concentrarse los campesinos que están participando en las protestas. Se ha acordado que la policía antimotines y el ejército no entrarán en el albergue. Según versiones de los propios habitantes, la comida ya comienza a escasear y los niños han tenido que suspender sus jornadas educativas. La única salida parece ser que los campesinos suspendan todos los actos violentos y que el Estado tome decisiones serias que vayan más allá de un “auxilio económico” por dos meses.