La Fiscalía no logró que un juez de garantías enviara a prisión preventiva a Daneidy Barrera Rojas, la joven que llegó con un martillo a una estación de TransMilenio y se grabó feliz mientras destruía las puertas de vidrio, torniquetes y varias máquinas electrónicas de lectura y recarga de las tarjetas de acceso. Luego divulgó el video en sus redes sociales e invitó a sus miles de seguidores a hacer lo mismo. La Fiscalía y TransMilenio calcularon que los destrozos ocasionados cuestan 1.200 millones de pesos. Pero es incalculable el daño a la sociedad, específicamente a la juventud, por el mensaje nocivo de una persona que destruye los bienes públicos y se ufana de ello y además se burla de las autoridades. El ente de investigación trató de responder al mensaje con una detención preventiva en cárcel. Pero no lo logró.
Inicialmente la Fiscalía solicitó a una jueza de garantías aval para obtener una orden de captura contra la joven. Pero la funcionaria rechazó esa petición. La jueza, entre otras cosas, argumentó que Epa Colombia, con su estatura de 1,50 metros, no representaba un peligro. Por otro lado, la Fiscalía patinó al señalar que la procesada había cometido, además de obstrucción en vía pública y daño en bien ajeno, el delito de instigación para delinquir con fines terroristas. El fiscal no logró evidenciar que los actos de Epa generan zozobra o terror, y no pudo lograr la orden de captura. Ese primer impase concluyó con que la Fiscalía apeló, y la Judicatura le abrió a la jueza una investigación preliminar. “Se estarán determinando las conductas disciplinarias en las que pudo haber incurrido esta funcionaria al dejar en libertad a la ciudadana con el argumento de que no constituía un peligro para la sociedad”, señaló el magistrado Pedro Alonso Sanabria, presidente de la Sala Disciplinaria.
Luego, cuando la Fiscalía insistía en la orden de captura, Epa Colombia se anticipó. Decidió presentarse voluntariamente ante los jueces de Paloquemao con su abogada. Así, se hizo la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de detención preventiva en cárcel por los destrozos a TransMilenio. Allí, el fiscal a cargo señaló los costos millonarios. El funcionario además hizo un recuento de los líos que ha protagonizado la mujer, que van desde escupir a un policía, irrespetar a la autoridad, falsificar un certificado médico y varios escándalos cuando visitó Brasil como hincha de la Selección Colombia. Todos esos episodios amplificados en clave de burla desde sus redes sociales y monetizados, pues las plataformas le pagan a la ‘influenciadora’ por mantener cautivos a sus miles de seguidores, sin importar qué diga o haga para tal propósito. Epa Colombia hizo del vandalismo un negocio. En la audiencia su abogada defensora lanzó otra perla: resaltó que en los videos vandálicos a la joven se le ve con un martillo “no tenía un arma blanca ni una pistola. No puede decirse que sea un peligro para la sociedad”, argumentó. Al final el juez decidió no enviarla a la cárcel pero sí le ordenó cerrar sus redes sociales, no dar declaraciones a la prensa y comparecer mes a mes al juzgado hasta que concluya el proceso en su contra.
¿Qué sigue para Epa Colombia? El juez tiene en sus manos una decisión emblemática, ya que tiene todos los elementos para trazar los linderos que debe tener el uso abusivo y peligroso de las redes sociales. Solo si no prospera la tesis del agravante ‘terrorista’ la procesada tendría chance de librarse de la prisión, ya que los otros dos delitos pueden resolverse con multas y resarciendo los daños. Más adelante la discusión girará en torno al monto de los 1.200 millones de pesos, que según la Fiscalía cuestan los estragos de Epa. Esa cifra la pondría al filo de la cárcel. Cuando el juez entre a decidir sería oportuno que esta vez analice el contexto y que comprenda la lógica perversa que muchas veces está tras las redes sociales y los influenciadores negativos como Epa Colombia.