Para el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, no existen dudas de que todas las instituciones quieren la paz. A su juicio, la diferencia está en la fórmula que cada una de ellas considera adecuada para lograrla. Por eso, dice aspirar a que la jurisdicción contenciosa contribuya a la construcción del diseño institucional que haría posible la reconciliación. Tras su elección en tiempo récord como máxima cabeza de esta corporación, Semana.com dialogó con él. El togado aseguró anhelar la paz como juez y como ciudadano, pues él y su familia fueron víctimas directas de la guerra entre la subversión y el Estado. Habló sobre su oposición a la eliminación del Consejo Superior y sobre el “frente nacional” que tenía maniatadas las elecciones en el Consejo de Estado. Semana.com: El Consejo de Estado se tardaba meses en elegir hasta a sus propios dignatarios. ¿A qué atribuye que su elección se haya dado en tiempo récord? Danilo Rojas: No me cansaré de decir que en este momento la corporación está viviendo una primavera, comparado con otros momentos de la corporación. Está renovada en el 30 %. El año pasado se nombraron nueve magistrados. Ellos como que entran sin las herencias anteriores. Nos estábamos demorando mucho. Semana.com: ¿Había grupos que bloqueaban las elecciones? D. R.: La muestra es que muchas elecciones se tardaron hasta año y medio si no dos años. El quórum era muy alto, de 21. Entonces, cuatro o cinco podían bloquear el proceso y eso generó la problemática. Nosotros cambiamos el reglamento y la mayoría pasó de ser de dos terceras partes de los miembros –donde hasta los que se iban hacían parte del quórum- a dos terceras partes de los miembros en ejercicio. Semana.com: Se dice que existía una especie de frente nacional D. R.: Este se planteaba respecto de la elección de dignatarios. Hasta el año antepasado había una práctica en la que para esas elecciones se reunían las tendencias políticas que quisieran presentar sus candidatos. No se podía presentar nadie sin tener ese aval grupal del bipartidismo. Eso se abolió totalmente. Semana.com: ¿En esas elecciones los amiguismos eran decisivos? D. R.: Por uno votan los amigos. Si eso quiere decir amiguismo, sí. Y la verdad es que a uno no lo eligen por el programa. Lo eligen por el recorrido que haya tenido. Me parece que el aspirante a altas dignidades de las corporaciones debe haber tenido alguna experiencia dentro de la corporación. Semana.com: Usted ha hablado de una aspiración para que la jurisdicción contenciosa haga parte del compromiso con la paz y un eventual posconflicto, ¿cuál es su propuesta? D. R.: Se habla mucho de lo penal en esa transición, pero no menos importante es el tema de reparación de víctimas. Creo que la experiencia de los jueces contenciosos, que son los responsables de reparaciones por violaciones a los derechos humanos de entidades estatales, tienen mucho que aportar. Semana.com: Ante la posible llegada de guerrilleros a la administración pública, ¿los jueces contenciosos estarían dispuestos a servir de formadores? D. R.: Se habla de si participan en Congreso, si participan en elecciones; ¡qué sé yo! Si hay unos nuevos participantes en la administración, que todavía no tienen una cultura de legalidad suficiente, yo creo que es importante decirles: ustedes tienen un juez, no vienen a hacer lo que quieren; tienen que acatar las normas y, si no, hay consecuencias no sólo penales o disciplinarias, sino económicas para la administración de la que ellos, eventualmente, harían parte. Semana.com: ¿Está de acuerdo con esta paz negociada que se viene gestando? D. R.: Yo soy de un pueblo, San Antonio (Tolima), que fue tomado por la guerrilla y siento realmente que si la alternativa es volver a la guerra, yo no quiero eso. Ese es un ejemplo de muchos municipios que han padecido la guerra y yo creo que si hay oportunidad de que eso no vuelva a ocurrir, hay que volcar todas nuestras energías para tratar de lograrlo. A mí me ha tocado la guerra, a mi familia, a mis sobrinos; a mis tíos los mató la guerrilla. Eso le pasa a mucha gente. Semana.com: Como víctima directa del conflicto, ¿prefiere sacrificar el castigo a los responsables con tal de garantizar que no vuelva a tocar a nadie más? D. R.: Hay que concretar la fórmula mágica entre la justicia, la verdad y la reparación integral. Ahí están los principios que todo juez persigue. Hay que hacer nuevas lecturas de lo que es la noción de justicia, no tan punitiva. Semana.com: ¿Está de acuerdo con el nuevo diseño de la rama, sin la existencia del Consejo Superior? D. R.: No. No estuve de acuerdo con la parte pertinente de la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Si allí había problemas, como efectivamente los había, han debido hacérsele ajustes. Es como si, por algún momento histórico, los integrantes de una corporación no aciertan en las responsabilidades y la única alternativa fuera acabarlos porque los que están ahí  no sirven. Esos borrones y cuenta nueva me parece que no van. Semana.com: ¿Qué opina de la Sala de Gobierno que reemplazará a ese organismo? D. R.: Yo siempre cuestioné que el nuevo Consejo de Gobierno Judicial estuviera integrado por los presidentes de las corporaciones. Primero, se pierde un juez, y segundo, hay que hacer un curso aceleradísimo de política pública y política financiera. Cuando uno ya está aprendiendo, se le acabó el tiempo. Tengo mucha duda sobre ese diseño. Semana.com: ¿Le molesta, como al fiscal, el cambio de modelo de juzgamiento de aforados? D. R.: En ese punto estoy de acuerdo. Creo que las altas cortes necesitan un juez probado y la experiencia mostró, en toda nuestra historia republicana, que el diseño no fue el mejor. Hay que hacer un control eficaz a los jueces. Aquí hay un poco más de dientes. Semana.com: A propósito de uno de los pocos procesos que prosperó con el modelo viejo, ¿qué opinión le merece el caso del magistrado Jorge Pretelt? D. R.: En cualquier caso, es una situación muy infortunada para la Corte y sus actuales miembros. Semana.com: Usted se ha mostrado partidario de que los asuntos traten de resolverse en cada sección y abandonar un poco la tendencia de llevarlos a Sala Plena. ¿Por qué? D. R.: Un ejemplo es el caso de Isagén, donde un solo consejero tomó la decisión que tuvo como consecuencia la suspensión temporal de la venta y eso no tiene ningún misterio. Un caso de tanta plata, si se lleva a Sala Plena, se habría perdido el sentido de oportunidad porque hay un debate de 27 juristas y eso, en cualquier escenario, va tomar mucho más tiempo.