En muchos colombianos la nueva carta de ‘Manuel Marulanda Vélez’, en la que fijó más condiciones al presidente Pastrana para continuar en el proceso de paz, dejó un sabor a ultimátum. La sensación se explica por el final de la misiva del comandante guerrillero, en la que aseguró que “en caso de no aceptar nuestras propuestas es necesario acordar un día para reunir La Mesa en pleno, hacer balance de la situación de la zona y entregar oficialmente las cinco cabeceras municipales” y “a partir de ese momento el gobierno puede ocupar militarmente los caseríos, para lo cual se requiere una declaración pública anunciando la terminación del Acuerdo Gobierno-Farc-Ep”.La inquietud fue alimentada además por las categóricas reacciones de algunos voceros gubernamentales: “El proceso es un enfermo en estado terminal”, dijo el ministro del Interior, Armando Estrada Villa. “Está en su punto más delicado”, sintetizó el vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell Lemus. En un tono similar emitieron sus reacciones los candidatos presidenciales Alvaro Uribe, Horacio Serpa y Noemí Sanín, quienes además de rechazar la nueva carta advirtieron la dificultad para avanzar por el escaso margen de maniobra en el que se encuentra el jefe del Estado.Pero más allá de las declaraciones de los altos funcionarios interpretando el proceso, la indignación del colombiano del común se resume en ver a unas Farc que no han mostrado voluntad de paz en dos años, tienen a su servicio 42.000 kilómetros cuadrados de territorio y, con la arrogancia que las caracteriza, ponen contra la pared a un gobierno con unas condiciones que éste no puede aceptar.La serie de cartas que ha venido soltando a cuentagotas el comandante guerrillero por ahora ha logrado un efecto perverso que ha debilitado el proceso: el alto grado de confusión y de escepticismo en la opinión pública, que asiste incrédula al cruce de comunicados, declaraciones, condiciones y solicitudes mientras el tiempo de este gobierno se agota y la guerra sigue sin tregua. Sorprende que las Farc exijan rodear al Presidente en su gestión de paz cuando ellas mismas ahogan a la gente en un mar de dudas sobre por qué se archivan la Propuesta de los Notables, el Acuerdo de San Francisco de La Sombra, el Acuerdo de Los Pozos, entre otros.Desde hace cerca de mes y medio, cuando se congeló el proceso, el tira y afloje ha llegado a su punto más crítico: las Farc hacen exigencias para seguir y el gobierno no está dispuesto a ceder. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de la firma del acuerdo de San Francisco las Farc endurecieron su posición? Las hipotesisAunque es difícil saber a ciencia cierta a qué juega el grupo subversivo se barajan tres hipótesis. La primera, con la que comulga el gobierno, es que el acuerdo de San Francisco —que planteaba la discusión sobre una tregua— asustó a las Farc y las dividió internamente. Para el gobierno, el ala dura sintió que el grupo guerrillero estaba entregando mucho en el tema político cuando se sentían traicionados con una prórroga de sólo tres meses y no hasta el final del gobierno como esperaban. Y las cartas de ‘Marulanda’ son una manera de tranquilizar las poderosas huestes descontentas. La segunda es que las Farc están cañando para sacarle más tajada al gobierno y no se van a parar de la mesa. Esta hipótesis resulta poco creíble después de lo que sucedió el 11 de septiembre y el poco margen de maniobra que le queda al Presidente.Y la tercera, que se abre cada día más camino, es que a las Farc ya no les interesa un proceso de paz agonizante. Dentro de esta tesis ellas necesitan romper el proceso para seguir negociando. Al ver que ya no le pueden sacar más a Pastrana, y teniendo en cuenta que el próximo presidente tendría que echar para atrás gran parte de las medidas que las han favorecido, las Farc estarían pensando ya en el próximo gobierno y en cómo llegar en una posición de fuerza. “La guerrilla está precipitando un rompimiento. Por eso uno ve la irracionalidad de poner al gobierno contra la pared”, dijo un analista. Uno de los principales principios del arte de la guerra es que no se puede acorralar al enemigo porque sino éste ataca. Y acorralar al gobierno, como lo están haciendo las Farc, es buscar la ruptura del proceso de paz.Aunque se volvió costumbre que cada semana el país esté ante la inminencia del colapso del proceso, tanto gobierno como guerrilla se están tomado su tiempo para tomar decisiones y por eso se prolonga la agonía. Sobre todo cuando ninguna de las partes quiere asumir la responsabilidad política e histórica de un rompimiento. Por eso llevan un mes de cruce de cartas y declaraciones —haciéndole honor al estilo santanderista colombiano— en el que las Farc le pasan el balón al gobierno y éste se lo devuelve. Vientos de guerraLa actitud beligerante e intransigente de las Farc demuestra, por otro lado, que el aparato militar ha silenciado por completo el discurso político. Una cosa ha quedado clara en este proceso: manda el ala dura. No se ve ningún esfuerzo por hacer un trabajo político que legitime su lucha armada: el movimiento bolivariano no ha funcionado y el secuestro de extranjeros les ha cerrado las puertas en la comunidad internacional. “Ellos van a hacer política cuando se tomen el poder o cuando el gobierno se lo dé”, dijo a SEMANA el analista Carlos Eduardo Jaramillo. Situación muy distinta a lo que sucede en otras partes del mundo, donde existe un doble juego entre lo político y lo militar. El IRA, por ejemplo, tiene su brazo político, el Sinn Fein. La ETA tiene una expresión política a través del movimiento de Herri Batasuna, que reivindica la autonomía vasca. Y las Farc, que tenían en el pasado a los soviéticos y a un Partido Comunista mucho más activo e influyente, se quedaron con la ley del fusil. Mientras se cierra el espacio para la política para el año próximo parece abrirse más el de las armas. A nivel internacional va a ser un año marcado por la lucha antiterrorista, en la cual el fragor de la guerra en la polvorienta Afganistán le va a dar paso a la presión militar en las húmedas selvas tropicales. Los cambios desde el 11 de septiembre han sido tan vertiginosos que situaciones antes inimaginables, como que los países europeos calificaran de terroristas a las Farc, son ahora frecuentes. “El secuestro de los cooperantes alemanes es un acto terrorista”, informó la cancillería de ese país sobre el plagio de tres de sus ciudadanos en el Macizo Colombiano. “Las Farc son un grupo terrorista. ¿Qué más puede ser una organización que combate con esos métodos a un gobierno democrático?”, se preguntó el viernes el embajador del Reino Unido en Colombia, Thomas Joseph Duggin. El funcionario no vaciló en afirmar que en esa categoría también están las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el ELN. Y todos estos grupos están empezando a comprender que su lucha en condición de terroristas contra los gobiernos del mundo, liderados por Estados Unidos, definitivamente sí es a otro precio.Así las cosas, si las Farc no están cañando y en realidad están dispuestas a romper el proceso de paz, deben estar conscientes de lo que se les viene pierna arriba. No sólo en el frente internacional sino en el ámbito nacional, donde 2002 va a ser el año del Plan Colombia. Llegan los helicópteros que faltan y va a haber 10.000 soldados profesionales más. Pero también se va a abrir un nuevo frente en la lucha antiterrorista contra los actores armados en Colombia que hasta ahora ha sido inexplorado: las finanzas. Se están conformando en las distintas instituciones, como la Fiscalía, la Policía y el Ejército, grupos especializados en combatir las finanzas, que serán asesorados por Estados Unidos. Aunque nadie sabe qué va a pasar, las consultas que ha hecho el gobierno en los distintos sectores de la sociedad en busca de apoyo no presagian un futuro promisorio. La mediación internacional, que se plantea como una opción para salvar el proceso, ha sido descartada por las Farc. La otra gran dificultad es cómo devolverle la confianza a la gente sobre un proceso que, para muchos, se acabó hace tiempo. O que, para otros, nunca arrancó.Documentos relacionadosEn muchos colombianos la nueva carta de ‘Manuel Marulanda Vélez’, en la que fijó más condiciones al presidente Pastrana para continuar en el proceso de paz, dejó un sabor a ultimátum. La sensación se explica por el final de la misiva del comandante guerrillero, en la que aseguró que “en caso de no aceptar nuestras propuestas es necesario acordar un día para reunir La Mesa en pleno, hacer balance de la situación de la zona y entregar oficialmente las cinco cabeceras municipales” y “a partir de ese momento el gobierno puede ocupar militarmente los caseríos, para lo cual se requiere una declaración pública anunciando la terminación del Acuerdo Gobierno-Farc-Ep”.La inquietud fue alimentada además por las categóricas reacciones de algunos voceros gubernamentales: “El proceso es un enfermo en estado terminal”, dijo el ministro del Interior, Armando Estrada Villa. “Está en su punto más delicado”, sintetizó el vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell Lemus. En un tono similar emitieron sus reacciones los candidatos presidenciales Alvaro Uribe, Horacio Serpa y Noemí Sanín, quienes además de rechazar la nueva carta advirtieron la dificultad para avanzar por el escaso margen de maniobra en el que se encuentra el jefe del Estado.Pero más allá de las declaraciones de los altos funcionarios interpretando el proceso, la indignación del colombiano del común se resume en ver a unas Farc que no han mostrado voluntad de paz en dos años, tienen a su servicio 42.000 kilómetros cuadrados de territorio y, con la arrogancia que las caracteriza, ponen contra la pared a un gobierno con unas condiciones que éste no puede aceptar.La serie de cartas que ha venido soltando a cuentagotas el comandante guerrillero por ahora ha logrado un efecto perverso que ha debilitado el proceso: el alto grado de confusión y de escepticismo en la opinión pública, que asiste incrédula al cruce de comunicados, declaraciones, condiciones y solicitudes mientras el tiempo de este gobierno se agota y la guerra sigue sin tregua. Sorprende que las Farc exijan rodear al Presidente en su gestión de paz cuando ellas mismas ahogan a la gente en un mar de dudas sobre por qué se archivan la Propuesta de los Notables, el Acuerdo de San Francisco de La Sombra, el Acuerdo de Los Pozos, entre otros.Desde hace cerca de mes y medio, cuando se congeló el proceso, el tira y afloje ha llegado a su punto más crítico: las Farc hacen exigencias para seguir y el gobierno no está dispuesto a ceder. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de la firma del acuerdo de San Francisco las Farc endurecieron su posición? Las hipotesisAunque es difícil saber a ciencia cierta a qué juega el grupo subversivo se barajan tres hipótesis. La primera, con la que comulga el gobierno, es que el acuerdo de San Francisco —que planteaba la discusión sobre una tregua— asustó a las Farc y las dividió internamente. Para el gobierno, el ala dura sintió que el grupo guerrillero estaba entregando mucho en el tema político cuando se sentían traicionados con una prórroga de sólo tres meses y no hasta el final del gobierno como esperaban. Y las cartas de ‘Marulanda’ son una manera de tranquilizar las poderosas huestes descontentas. La segunda es que las Farc están cañando para sacarle más tajada al gobierno y no se van a parar de la mesa. Esta hipótesis resulta poco creíble después de lo que sucedió el 11 de septiembre y el poco margen de maniobra que le queda al Presidente.Y la tercera, que se abre cada día más camino, es que a las Farc ya no les interesa un proceso de paz agonizante. Dentro de esta tesis ellas necesitan romper el proceso para seguir negociando. Al ver que ya no le pueden sacar más a Pastrana, y teniendo en cuenta que el próximo presidente tendría que echar para atrás gran parte de las medidas que las han favorecido, las Farc estarían pensando ya en el próximo gobierno y en cómo llegar en una posición de fuerza. “La guerrilla está precipitando un rompimiento. Por eso uno ve la irracionalidad de poner al gobierno contra la pared”, dijo un analista. Uno de los principales principios del arte de la guerra es que no se puede acorralar al enemigo porque sino éste ataca. Y acorralar al gobierno, como lo están haciendo las Farc, es buscar la ruptura del proceso de paz.Aunque se volvió costumbre que cada semana el país esté ante la inminencia del colapso del proceso, tanto gobierno como guerrilla se están tomado su tiempo para tomar decisiones y por eso se prolonga la agonía. Sobre todo cuando ninguna de las partes quiere asumir la responsabilidad política e histórica de un rompimiento. Por eso llevan un mes de cruce de cartas y declaraciones —haciéndole honor al estilo santanderista colombiano— en el que las Farc le pasan el balón al gobierno y éste se lo devuelve. Vientos de guerraLa actitud beligerante e intransigente de las Farc demuestra, por otro lado, que el aparato militar ha silenciado por completo el discurso político. Una cosa ha quedado clara en este proceso: manda el ala dura. No se ve ningún esfuerzo por hacer un trabajo político que legitime su lucha armada: el movimiento bolivariano no ha funcionado y el secuestro de extranjeros les ha cerrado las puertas en la comunidad internacional. “Ellos van a hacer política cuando se tomen el poder o cuando el gobierno se lo dé”, dijo a SEMANA el analista Carlos Eduardo Jaramillo. Situación muy distinta a lo que sucede en otras partes del mundo, donde existe un doble juego entre lo político y lo militar. El IRA, por ejemplo, tiene su brazo político, el Sinn Fein. La ETA tiene una expresión política a través del movimiento de Herri Batasuna, que reivindica la autonomía vasca. Y las Farc, que tenían en el pasado a los soviéticos y a un Partido Comunista mucho más activo e influyente, se quedaron con la ley del fusil. Mientras se cierra el espacio para la política para el año próximo parece abrirse más el de las armas. A nivel internacional va a ser un año marcado por la lucha antiterrorista, en la cual el fragor de la guerra en la polvorienta Afganistán le va a dar paso a la presión militar en las húmedas selvas tropicales. Los cambios desde el 11 de septiembre han sido tan vertiginosos que situaciones antes inimaginables, como que los países europeos calificaran de terroristas a las Farc, son ahora frecuentes. “El secuestro de los cooperantes alemanes es un acto terrorista”, informó la cancillería de ese país sobre el plagio de tres de sus ciudadanos en el Macizo Colombiano. “Las Farc son un grupo terrorista. ¿Qué más puede ser una organización que combate con esos métodos a un gobierno democrático?”, se preguntó el viernes el embajador del Reino Unido en Colombia, Thomas Joseph Duggin. El funcionario no vaciló en afirmar que en esa categoría también están las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el ELN. Y todos estos grupos están empezando a comprender que su lucha en condición de terroristas contra los gobiernos del mundo, liderados por Estados Unidos, definitivamente sí es a otro precio.Así las cosas, si las Farc no están cañando y en realidad están dispuestas a romper el proceso de paz, deben estar conscientes de lo que se les viene pierna arriba. No sólo en el frente internacional sino en el ámbito nacional, donde 2002 va a ser el año del Plan Colombia. Llegan los helicópteros que faltan y va a haber 10.000 soldados profesionales más. Pero también se va a abrir un nuevo frente en la lucha antiterrorista contra los actores armados en Colombia que hasta ahora ha sido inexplorado: las finanzas. Se están conformando en las distintas instituciones, como la Fiscalía, la Policía y el Ejército, grupos especializados en combatir las finanzas, que serán asesorados por Estados Unidos. Aunque nadie sabe qué va a pasar, las consultas que ha hecho el gobierno en los distintos sectores de la sociedad en busca de apoyo no presagian un futuro promisorio. La mediación internacional, que se plantea como una opción para salvar el proceso, ha sido descartada por las Farc. La otra gran dificultad es cómo devolverle la confianza a la gente sobre un proceso que, para muchos, se acabó hace tiempo. O que, para otros, nunca arrancó.Documentos relacionadosComunicado de Manuel Marulanda Vélez, Jefe máximo de las Farc-EP, sobre el futuro de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional (Noviembre 6 de 2001)