Por eso la Dian está empeñada en perseguir a los evasores y tiene en la mira a cerca de 4.000 empresas en las que se detectaron inconsistencias en el pago de este tributo. Según su director, Santiago Rojas, la falta de pago de este impuesto puede ocasionar no solo el cierre del establecimiento comercial sino sanciones penales, porque es un robo al Estado. A través del plan de fiscalización que puso en marcha la entidad sobre este grupo de empresas se esperan recaudar por IVA 500.000 millones de pesos el año entrante.