YA NO ES EXTRANO ENCONTRAR A LOS MEdicos sentados en la sala de espera de las empresas aseguradoras. La razón: cada día están más interesados en adquirir los llamados seguros de responsabilidad civil. Los ven como la única fórmula de ampararse de las temidas demandas por posibles fallas en el servicio médico. Y es que en Colombia, como en Estados Unidos desde hace varios años, el término mal practice está poniendo a temblar a los profesionales de la salud. Tanto las fallas mèdicas como las denuncias contra hospitales y profesionales se han vuelto comunes a nivel nacional. Hace apenas tres semanas se conoció la noticia del fallo del Consejo de Estado que condena al Hospital Militar de Bogotá. Se trataba del caso de Beatriz Rodríguez a quien le habían realizado una ligadura de trompas, cirugía ambulatoria que no tenía mayores riesgos. Sin embargo, días después de la intervención la herida comenzó a infectarse. Al hacer una nueva operación, descubrieron el motivo del problema: en la primera cirugía le habían dejado una gasa dentro del cuerpo. Por fortuna, el error del médico no le produjo daños irreversibles. Pero no sucediò lo mismo con Ramiro Cárdenas, a quien un descuido médico le cambió la vida por completo. Cárdenas acudió a los Seguros Socisles para que le realizaran un lavado de oídos. Una semana después empezó a sufrir dolores de cabeza y a percibir que de sus orejas salía un mal olor. Visitó a un especialista, quien le detectó meningitis y sordera profunda bilateral. Hoy en día Cárdenas está sordo, su ojo izquierdo se cerró y tiene un daño en las cuerdas vocales. La razón de esto es que el enfermero que le realizó el lavado de oídos empleó una jeringa infectada. Mariana Ronderos, por su parte, llegó al Hospital General de Medellín para que le atendieran el parto de su primer hijo. A pesar de que requería una cesárea, el médico que la atendió se negó a hacerla. El niño nació en buenas condiciones, pero ella sufrió un desgarro vaginal. La decisión equivocada del médico le provocó incontinencia urinaria y fecal. Se podrían seguir enumerando cientos de casos en los que los errores médicos han generado problemas irreversibles en los pacientes: Mario Rueda, de 27 años, acudió a un centro hospitalario para corregir una simple deformidad ósea en su mano izquierda y murio en la sala de cirugìa vìctima de una sobredosis de anestesia. Andrea Salazar, de dos años, fue hospitalizada por deshidratación y perdió la vida por la enemistad entre el médico y la enfermera que la atendían: la enfermera alteró la dosis de cloruro de sodio que el médico había ordenado y la niña no la resistió. CONTROL DE CALIDAD Situaciones como estas han llevado a que los colombianos sientan cada día más temor de acudir al médico. Pero al mismo tiempo que crece el miedo, aumentan las denuncias. Actualmente los tribunales de ética médica, el Consejo de Estado, la Superintendencia de Salud y los juzgados están recibiendo más que nunca demandas por fallas en el servicio médico. En el Consejo de Estado las quejas han aumentado en un 300 por ciento en relación con las que se recibían hace menos de cuatro años. Esto tiene una explicación: según el magistrado Julio César Uribe, "la asistencia médica y hospitalaria que se está prestando en el país es mala, desganada y masificada". No obstante, también indica que los colombianos están comenzando a hacer respetar sus derechos y a exigir un buen servicio de salud. Años atrás, los errores médicos derivados por negligencia e impericia quedaban impunes. Ahora las cosas han cambiado. "Antes nadie se planteaba este tema -dice Juan Luis Londoño, ministro de Salud-. Sólo se buscaba tener acceso a la salud. Pero la núeva Constitución y la reforma a la seguridad social permitieron que el paìs comenzara a ver la calidad como un derecho". Lo cierto es que ahora los errores médicos no se quedan en la oscuridad. Según el Tribunal de Etica Médica de Cundinamarca, los médicos que reciben mayor número de denuncias son los ginecobstetras (ver cuadro). "La queja más frecuente es la de los trabajos de parto demorados, que pueden acarrear la muerte de la madre o del bebé", dice Gladys León, abogada del tribunal. Uno de estos casos se presentó en el Hospital San Blas de Bogotá, adonde llegó una mujer embarazada. El médico de turno se dio cuenta de que el feto estaba muerto y, pese a esto, no la operó. Seis días después, sin que ningún especialista tomara la decisión de intervenirla, la paciente murió por infección. Otros especialistas que son blanco de denuncias son los anestesiólogos. Tanto que a las empresas aseguradoras no les interesa mucho tenerlos dentro de su listado de clientes. Y es que se han conocido muchos casos en que los pacientes mueren en las salas de cirugía o quedan con daños irreversibles por el descuido en el manejo de la anestesia. Así le sucedió a José Miguel Escobar, un niño de dos años que estuvo en una clínica privada de Bogotá en donde le realizaron una punción lumbar para descubrir si tenía o no una enfermedad. Durante la intervención, el niño sufrió lesiones cerebrales. ¿Por qué? Falló el anestesiólogo. La familia interpuso una acción civil ante la Corte Suprema pues "el niño quedó descerebrado al ser sometido a un examen para descartar una enfermedad que no padecía". Muchos de estos errores, sin embargo, se derivan de fallas en los equipos y no de equivocaciones del médico. Esto venía sucediendo hasta hace poco en los Seguros Sociales de Cali. Según Luis Eliseo Velásquez, subdirector del servicio de salud del ISS en Bogotá, "estábamos sorprendidos de la cantidad de demandas que venían de Cali y viajamos para ver qué estaba sucediendo". Lo que se encontró fue un equipo de anestesia que no se renovaba desde los años 70. Esto los llevó a invertir, a finales del año pasado, cerca de 20.000 millones de pesos en nuevos aparatos. Pero no son sólo las instituciones del Estado las que son víctimas de las demandas. También están en el mismo problema los de servicios privados, especialmente los que tienen que ver con el sistema de medicina prepagada. El 50 por ciento de las quejas que hay en el Tribunal de Etica Médica corresponde a esas entidades. Un funcionario del tribunal señaló que "la incursión de los servicios de salud prepagada convirtió a la medicina en una industria. El paciente dejó de ser paciente para convertirse en una institución. Y se perdió el contacto directo con el médico". A QUIEN ACUDIR No hay duda de que muchas fallas médicas tienen explicación en equipos obsoletos o en una administrativa hospitalaria deficiente. No obstante, hay casos en los que la negligencia y la falta de profesionalismo no se pueden ocultar: médicos de urgencias que niegan la atención, anestesiólogos que se saten de la sala de cirugía, médicos generales que actúan como especialistas, doctores que abusan sexualmente de sus pacientes, etc. (ver recuadros). En estos casos las demandas prosperan casi en su totalidad. Una de las vías más utilizadas es el Consejo de Estado. "Nosotros mantenemos la tesis de que las obligaciones de los médicos son de medios y no de resultados -dice el magistrado Julio César Uribe-. Es decir, el médico no puede garantizar que con el tratamiento o con la operación el paciente recuperará la salud". Por eso quien entable la demanda debe comprobar que el médico incurrió en un error. "Los médicos e instituciones -agrega Uribe- tienen que demostrar que pusieron los medios necesarios para la atención adecuada del paciente. Si no es así, se les condena". Actualmente, cerca del 60 por ciento de las demandas que recibe el Consejo de Estado se fallan a favor del afectado. Hay otra vìa que se usa con la intención de que el mèdico pague con cárcel el error que cometió: la justicia penal. Existen normas en la legislación colombiana y en el Código de Procedimiento Penal que hablan del comportamiento médico y que ven como delito la negligencia, la impericia, el homicidio culposo, y el uso de aparatos infectados y de procedimientos quirúrgicos improcedentes. En varios casos se termina favoreciendo al demandante y se establecen penas de hasta dos años de cárcel para el médico responsable. Sin embargo, los casos rara vez tienen ese desenlace, pues existe el beneficio de excarcelación. Para el penalista Antonio José Cancino, las sanciones establecidas por la ley no son suficientes: "Las penas deben ser más severas y tiene que existir un mayor control estatal". ¿SE HARA JUSTICIA? Lo cierto es que los que están encargados directamente de vigilar a los médicos en el país -es decir, los tribunales de ética médica- no parecen estar cumpliendo una labor eficiente. Según varios especialistas, se han convertido en tribunales de absoluciones."Son médicos juzgando a médicos, y así las cosas no pueden funcionar -dice un abogado que pidió no revelar su nombre-. Son una cofradìa, y manejan un colegaje mal comprendido". Las providencias que dictan son muy escasas: en todo el año pasado, por ejemplo, el Tribunal Nacional de Etica Médica sólo produjo 19 fallos. Y según datos de uno de los magistrados del tribunal, de todas las quejas que se reciben se sanciona apenas el 20 por ciento. "Lo que sucede es que nosotros no estamos para castigar -dice Marta Botero, abogada del tribunal-. Nuestra función es de magisterio, de enseñanza de la ley". Afirman, además, que no tienen por qué convertirse en la Santa Inquisición. Lo que está claro es que los tribunales no están funcionando a carta cabal. Y para que esto se mejore, se requiere una rápida reforma a la ley de ética médica que existe y por la cual se rigen los tribunales. Se trata de la Ley 23 de 1981, que se creó para un país en el que existían 11.000 médicos. Ahora hay 36.000 profesionales en ejercicio y cada año aparecen 2.500 más. Esta realidad exige una nueva ley, que además establezca sanciones más fuertes. Hoy en día el mayor castigo es la suspensión de la tarjeta profesional por cinco años. Castigo que se queda corto frente a la actuación de algunos médicos. Un ejemplo es el caso de Josè Marìa Peña, quien ofrecía unas inyecciones para acabar con el reumatismo. Las inyecciones tenían mucha acogida, pero poca efectividad. Varios de sus pacientes notaron que los dolores aumentaban e, incluso, algunos comenzaron a inflamarse. El médico no quiso explicarle a nadie de qué tipo de inyecciones se trataba. Y el Tribunal de Etica apenas lo suspendió por dos años. La sanción impuesta a Iván Manuel García también parece haberse quedado corta. Hace algunos meses, Marcela Duarte, de 22 años, quien sufría de convulsiones desde los primeros meses de edad, visitó al doctor García para que le hiciera un chequeo. A la tercera consulta el médico le dijo que se desnudara para realizarle un examen ginecológico. Después abusó sexualmente de ella. Tras conocer el caso, el Tribunal le impuso dos años de suspensión. "Para todos es claro -dice la abogada Gladys León- que es necesario establecer la cancelación definitiva de la tarjeta profesional". La labor de los médicos internistas también está necesitando un control."Hay una norma que exige la vigilancia permanente de los practicantes por parte de un médico experimentado -agrega Gladys León-. Pero esto no se cumple y los jóvenes se están metiendo en líos". El director de la Asociación de Facultades de Medicina, Julio Ospina, dice: "Los internos están llegando a los hospitales sin experiencia y allí los emplean como médicos graduados. Lo que sucede es que las instituciones los ven como mano de obra barata y los enfrentan a situaciones para las cuales no están listos". ERRORES MORTALES Los médicos, por su parte, sí parecen estar preparándose para defenderse de las demandas a través de los seguros de responsabilidad civil. Hasta el momento son pocas las aseguradoras que ofrecen este servicio, pues el riesgo que se corre es muy alto. En Estados Unidos, por ejemplo, este seguro es el que más ha provocado desembolsos de dinero por parte de las empresas. "Aquí tratamos de cubrir campos como la odontología, en la que los riesgos no son tan elevados como los de una cirugía a corazón abierto", dice Guillermo Rodríguez, de Seguros Colmena. Todo esto es, sin duda, señal de que en Colombia está apareciendo la medicina defensiva. "Los fallos del Consejo de Estado y la tendencia de los ciudadanos a acudir a las vías penales, provocan el surgimiento de ese tipo de medicina. Y la consecuencia de esto es el incremento de costos derivados del exceso de precauciones", dice Oscar Emilio Guerra, superintendente nacional de Salud. Lo cierto es que para la mayoría de las personas, que día a día hacen uso de los servicios de salud y que confían su vida a los médicos, el exceso de precauciones no sobra. Es verdad que en medicina, como en cualquiera otra profesión, pueden cometerse equivocaciones. Pero las fallas de un matemático o de un ingeniero tienen arreglo fácilmente. En cambio, los errores de los médicos suelen taparse con tierra. SOBREDOSIS MORTALANDREA SALAZAR tenía dos años de edad. Una tarde fue internada de urgencia en el hospital de Quinchía (Risaralda), víctima de una fuerte deshidratación. El médico de turno, Gustavo Silva, dispuso que le dieran una mezcla de tres drogas. Una vez dejó hecho el diagnóstico, abandonó el hospital. La niña quedó al cuidado de la enfermera, quien no tenía muy buenas relaciones con el médico. Al hacer la mezcla, la enfermera puso una dosis mayor de cloruro de sodio: en vez de cuatro centìmetros cúbicos, le aplicó 80. Esto produjo en la niña una intoxicación y falleció por edema generalizado. Los familiares demandaron y la enfermera fue condenada a dos años de prisión por homicidio culposo. El caso llegó al Consejo de Estado, en donde se le ordenó al hospital indemnizar a la familia. PINZAS EN EL ESTOMAGOADELAIDA MORA llegó al hospital de Cáqueza (Cundinamarca) para que le practicaran una cesárea. Aparentemente todo había salido bien. Sin embargo, tras salír del hospital, Adelaida comenzó a sentirse mal. Durante más de dos meses sufrió de vómitos y de fuertes dolores de estómago. Decidió volver al centro médico para que le hicieran un chequeo, Le realizaron una radiografía y descubrieron que, durante la cesárea, los médicos le habían dejado unas pinzas quirúrgicas en su estómago y le estaban presionando una víscera. La familia interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró responsable al hospital y se le obligó a pagar una suma equivalente a 100 gramos oro. NIÑO DESCEREBRADOJOSE MIGUEL Escobar, de dos años de edad, quedó descerebrado a causa de un falla en el manejo de la anestesia. Su familia buscaba que le hicieran una punción lumbar para detectar si tenía una enfermedad. Durante la intervención, el niño sufrió daños cerebrales irreversibles por error del anestesiòlogo. Así lo confirmó el equipo médico de la clínica en donde lo atendieron, que se comprometió a prestarle la atención médica que fuera necesaria en los cuatro meses que, según los especialistas, le quedaban de vida. Pero las predicciones no se cumplieron. Andrés lleva ocho años en estado vegetal y la clínica se niega a prestarle los servicios médicos. Los padres interpusieron una acción de tutela y la Corte Constitucional ordenó la atención permanente del menor. NO MAS HIJOSPOR LA imprudencia de los médicos de la Caja de Previsión Social de Bogotá, Mercedes Cabeza no puede volver a tener hijos. Ella llegó al centro hospitalario con síntomas de parto. Se le practicó una cesárea y nació una niña normal. Días más tarde sintió malestar general y volvió a la clínica, pero no la atendieron. Así sucedió durante varias semanas, hasta cuando decidió ir a la Clínica de Marly, de Bogotà, donde la intervinieron quirúrgicamente. Los médicos encontraron abscesos en la cavidad abdominal y peritonitis generalizada. Tuvieron que extirpar la matriz para acabar con la infección. Mercedes interpuso una demanda y el Tribunal Admínistrativo de Cundinamarca declaró responsable a esa entidad y la obligò a pagarle el equivalente a 900 gramos oro. AGUJAS EN EL SENOMARLEN SANCHEZ tenía serios indicios de tener un tumor en su seno izquierdo. Preocupada por su situación, decidió ir al Hospital Militar Central, de Bogotá, para que le practicaran una biopsia. Los médicos se la realizaron, pero no le encontraron nada anormal. Desde ese momento, los dolores y las molestias en su seno fueron más fuertes. Así se mantuvo durante varios años hasta cuando fue a otro hospital para que le hicieran una mamografía. El médico que se la practicó le encontró que en la parte blanda del seno izquierdo había una aguja quirúrgica incrustada desde el día en que le habían realizado la biopsia. El matrimonio interpuso una demanda contra el Hospital Militar por perjuicios morales y el tribunal falló a favor de los demandantes. LO DEJARON CIEGOBERNARDO TANGARIFE trabajaba en una empresa de vigilancia. Una tarde acudió al Instituto de Seguros Sociales para que le hicieran un examen de ojos. El médico de turno lo remitió a la Clínica Leòn XIII, de Medellín, para que le practicaran el tratamiento correspondiente. Le realizaron la operación, pero el resultado no fue el esperado. Pasado el tiempo, los médicos se dieron cuenta de Tangarife habìa perdido el 33 por ciento de su capacidad visual por un error durante la cirugía. Esto, según los médicos, se podía solucionar con unos lentes de contacto blandos. Pero la lesión fue tan grave que no toleró los lentes. El Instituto de Seguros Sociales tuvo que pagar una indemnización de ocho millones de pesos al demandante. PARALIZADA DE POR VIDAROSARIO PEREZ fue al Hospital Universitario de Caldas para que le atendieran un parto. Los médicos determinaron que requerìa una cesárea. Antes de la intervención, le aplicaron anestesia en la columna vertebral. Cuando despertó, Rosario se quejó de dolor y una de las enfermeras volviò a inyectarle anestesia, a pesar de que ella le dijo que no era necesario. Al día siguiente se le dio de alta, pero la paciente se quejaba de adormecimiento de sus pies. Días después volviò a internarse en el hospital, en donde comprendieron que había habido un error en el uso de la anestesia. La parálisis se fue extendiendo y hoy en día Rosario no puede caminar. La Corte Constitucional condenó al hospital y lo obligó a brindarle atenciòn gratuita a la paciente. UN BAÑO HIRVIENTEDESPUES DE un parto complicado, Cecilia Perdomo presentó un problema de hemorroides que la obligó a someterse a una cirugía. Para su recuperación, los médicos le recetaron baños de asiento a temperatura de 37 grados centígrados. Una de las enfermeras sentó a la paciente en un recipiente con agua hirviendo. Lourdes -que aún estaba bajo el efecto de la anestesia- no se percató de que el agua estaba a una temperatura más elevada. Fue después cuando los intensos dolores en los glúteos la hicieron darse cuenta de que algo había ocurrido: la enfermera había usado el agua hirviendo, lo que le provocó quemaduras de segundo grado. Cecilia 8 estuvo tres meses hospitalizada. Y la ley ordenò al Hospital San José de Popayán a indemnizarla por una suma equivalente a 700 gramos oro.