El contrabando le cuesta a la economía el equivalente a dos puntos del PIB y afecta la competitividad de las empresas. La iniciativa, que pasó a sanción presidencial, también fortalece la institucionalidad pues le da más dientes a las entidades involucradas en la lucha contra el contrabando (Dian, Polfa, Uiag, Invima e ICA). En adelante, quien incurra en estas actividades no solo deberá responder por contrabando sino también por lavado de activos, siempre que la finalidad sea encubrir u ocultar el origen ilícito de estos bienes. En cuanto a las penas, aumentan hasta en cuatro años. El Código Penal actualmente prevé una pena de prisión de tres a cinco años cuando la mercancía de contrabando sea de cuantía superior a 50 salarios mínimos, y de cinco a ocho años cuando sea mayor a 200 salarios. Con la nueva ley se incrementan a máximos de ocho y 12 años, respectivamente.