Una nueva medida aplicada por entidades de protección al consumidor recae ahora sobre las constructoras que hicieron el proyecto Dimonti, en el sector de Suba en Bogotá.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó aplicar la medida cautelar consistente en el embargo de cuentas bancarias a dos constructoras: Inversiones Alcabama S.A. y Estrategia Urbana S.A.S. en medio de un viejo proceso que ya completa varios años.
Las constructoras del proyecto Dimonti han tenido ya que enfrentar otros problemas, debido l hundimiento de la edificación, lo que ha ocasionado serios y diversos problemas a los habitantes del sector.
El vía crucis para los habitantes en este lugar del norte de Bogotá inició hace más de una década. Dos edificios se han ido acercando debido a los problemas que hay en la base, y que han causado grietas y otros inconvenientes a los residentes, y aun así, las constructoras no han subsanado las fallas que son sistemáticas, según estableció la SIC.
Las razones que expone la SuperIndustria es que no fueron atendendidas las normas básicas de sismo resistencia, las cuales son obligatorias. Pero además, tampoco fueron subsanadas las fallas estructurales que presentan los bienes inmuebles adquiridos por los propietarios.
Riesgo inminente e irreversible
Los edificios fueron entregados a sus propietarios en febrero del 2012. La propiedad incluye apartamento y parqueadero, para cuya construcción, celebraron el contrato de compraventa con Fiduciaria Bogotá S.A., sociedad administradora y vocera del patrimonio autónomo Las Flores.
Según explicó la SIC, “al constatar el riesgo inminente e irreversible, al que estaban expuestos con ocasión de los daños evidenciados, tales como hundimientos, deterioros, agrietamientos y resquebrajamientos, solicitaron a Inversiones Alcabama S.A. y Estrategia Urbana S.A.S., la realización de las reparaciones”.
No obstante, al clamor de los propietarios, en 2020, una curaduría urbana otorgó licencia a los demandados para enmendar las fallas estructurales puestas en evidencia, cuya vigencia fue de dos años, es decir, hasta junio del 2022.
Pero pasó ese cronograma y la reparación de los inmuebles no se terminó. Lo que está en juego es la seguridad de los habitantes y el patrimonio familiar de quienes invirtieron confiados en que todo iba a estar bien con su inmueble.
La decisión de la SIC está dentro del proceso de atender y resolver dos demandas ciudadanas que fueron presentadas ante la SIC, alegando haber adquirido dos inmuebles en el lugar, por lo cual, ahora están inmersos en una grave y peligrosa circunstancia, debido al riesgo constante de hundimiento, el deterioro, agrietamiento y requebrajamiento de las estructuras de sus propiedades.
Las omisiones de “las constructoras ponen en riesgo la seguridad, el patrimonio y sobre todo la vida de los demandantes y sus familias”.
De acuerdo a lo establecido por la SIC, “la medida cautelar que se decreta es proporcional, idónea y necesaria, máxime cuando obran las pruebas suficientes que conducen a afirmar que existe un altísimo riesgo de colapso de la estructura”.
La entidad de vigilancia y protección de los derechos del consumidor explica que procede a embargar cuentas de ahorros y corrientes, CDT y demás similares que tengan las dos constructoras en las entidades financieras en el territorio nacional.
Fiduciaria Bogotá no entró en la medida debido a que no fue demandada en calidad de administradora y vocera del patrimonio autónomo Las Flores, confirmó la SIC.