A Juan Hernández le suenan muy lejanas las palabras que empiezan a repetirse tan pronto inician las negociaciones anuales para establecer el incremento del salario mínimo. Productividad, inflación y contribución de los salarios a la economía son las variables que juegan en la mesa de concertación de política salarial, donde se define el incremento, pero son al mismo tiempo expresiones muy distantes de la realidad que se vive en el hogar de Juan.
El huevo, que valía 500 pesos en mayo, debido a la carestía que generaron las protestas y bloqueos durante el paro nacional, ahora está en 590 pesos la unidad, teniendo en cuenta la variación de 18 por ciento en el precio de este alimento reportada por el Dane de enero a octubre.
Hernández no está catalogado entre los colombianos más pobres, que son aquellos que viven con un poco más de 340.000 pesos al mes, sin embargo, sus ingresos tampoco superan el salario mínimo vigente (908.526 pesos), que es lo que hoy devengan 10,2 millones de ciudadanos.
Los hogares hoy están cada vez más presionados con los gastos. Por un lado, los precios al consumidor se incrementaron 4,3 por ciento entre enero y octubre. La cifra no fue mayor porque resultó ayudada por las rebajas aplicadas en el día sin IVA y se espera que en noviembre el alivio haya sido similar. Pero, por el otro, aquellos que lograron mantener su empleo durante toda la pandemia solo recibieron en enero un aumento de su salario de 3,5 por ciento, lo que implica una variación menor que la que ha tenido el costo de vida. En otras palabras, la inflación ya ‘se comió’ el ajuste de salarios que se decretó para 2021.
Lo más grave de esta situación es que alimentos y bebidas no alcohólicas son el ítem que más se ha encarecido en la canasta familiar. Su inflación, en los primeros diez meses de este año, va en 13,8 por ciento, solo comparable a la de julio de 2015 (13,08 por ciento). En consecuencia, ahora la carne vale 28,35 por ciento más, las frutas frescas se encarecieron en 24,35 por ciento y las hortalizas en 16,8 por ciento. Si bien el arroz, que es un alimento indispensable en las despensas de los colombianos más pobres, tuvo una variación negativa entre enero y octubre de -15,28 por ciento, en mayo había subido en 41,1 por ciento.
¿Quién da más?
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el país vuelve a poner en evidencia la necesidad de mejorar los ingresos de los colombianos, pero el debate está en cómo hacerlo sin afectar otros indicadores claves para la economía, como la generación de empleo y la inflación. “El salario mínimo es una medida de apoyo al ingreso de la población trabajadora. No es la única. También hay otros como la renta básica garantizada, que, a diferencia del mínimo, no tiene efectos como el de la reducción en el empleo y la conducción a la informalidad”, argumenta Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Por esa razón, opina que el salario mínimo no es la mejor medida para lograr un beneficio generalizado. “Si aumenta más allá de la inflación puede contribuir al desempleo, lo que no implica que sea un salario alto”.
Pese a las consideraciones técnicas, en plena época preelectoral, el ajuste del salario mínimo ha entrado en las propuestas de varios de los aspirantes a la presidencia de la república. Juan Carlos Echeverry, precandidato y exministro de Hacienda, dijo que no es cierto que el salario mínimo en Colombia sea muy alto. Por el contrario, “está entre los más bajos de la región”, por lo que lanzó la idea de un incremento del 11 por ciento, en un contexto en el que se debe contemplar el alza que están teniendo los alimentos, que se encarecieron durante el paro nacional de este año, y cuando se acabaron las protestas no volvieron a bajar.
El también precandidato Óscar Iván Zuluaga le apunta a un aumento del salario mínimo del 10 por ciento. Su argumento es que las condiciones de la economía han sido buenas, lo que daría pie para que los empleadores muestren generosidad con la mano de obra que les ayuda a crecer. “Ha sido un buen año. El crecimiento de la economía será superior al 9 por ciento. Se ve una recuperación en la mayoría de los sectores. Están las condiciones dadas para tener un gesto con los trabajadores y aceptar un aumento que tienda hacia el 10 por ciento”.
Sindicatos hacen cuentas
Por el lado de los sindicatos, Francisco Maltés, presidente de la CUT, una de las agremiaciones que tiene asiento en la mesa de negociación del salario mínimo, dice que, al igual que en 2020, ellos no propondrán un porcentaje de incremento, sino una cifra específica. El año pasado, los sindicatos pedían que el mínimo fuera igual a un millón de pesos. Este año aún no han destapado dicha cifra, pero Maltés expresó que el precio de los llamados bienes regulados, entre los que están los servicios públicos, el transporte y la gasolina, ha tenido aumentos que rondan el 10 por ciento en 2021. Es más, “los precios de los bienes regulados han sido superiores a la inflación desde 2005. En el caso de los alimentos, están por encima del IPC desde 2008. Entre los dos segmentos se llevan 50 por ciento de los ingresos de las familias. Esos datos indican que los pobres cada vez compran menos, sobre todo alimentos”.
La mesa de concertación de la política salarial es tripartita, pues en ella tienen asiento el Gobierno, como mediador; los trabajadores y los empresarios, que son los que pagan los sueldos. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, el gremio empresarial de Colombia, dice que en esta ocasión quieren tener en cuenta elementos “como el poder adquisitivo de los trabajadores, la inflación, la productividad, el empleo, la competitividad y los resultados del año. Con base en ellos, debemos tomar la mejor decisión posible”.
Christian Daes, presidente de Tecnoglass, quien en 2020 se salió del redil de los empresarios, en relación con la propuesta original que presentaron en la mesa de concertación de incrementar el mínimo en 2 por ciento, dijo en esta ocasión que está a la expectativa de la evolución de la concertación, pero de manera preliminar pensaría que el aumento debe ser de al menos 3 por ciento por encima de la inflación.
Para Daes no es tan cierta la presión inflacionaria que causaría un incremento alto del salario mínimo, de la cual hablan los técnicos. “Llevamos 30 años tratando esa teoría y seguimos con demasiada gente pobre. Debemos devolverle a nuestra gente el poder adquisitivo. No nos duele que suban el gas, la gasolina, la luz, pero sí el salario. Tenemos que ser equitativos”.
Indexado a otros aumentos asfixia más
Con la mirada hacia la gente, hay que tener en cuenta que el salario mínimo está indexado a ciertos incrementos que le pegan duro al bolsillo: los peajes, las multas, las cuotas moderadoras para la atención de la salud, etcétera. En ese sentido, la ecuación es simple, si el ingreso a través del mínimo sube con la inflación, más casi dos puntos en promedio, pero los gastos de las personas se incrementan con el salario mínimo, todo lo adicional que recibe el trabajador con el aumento se va en el nuevo gasto. Es decir, no hay plata que alcance. “Es algo que el Gobierno y el Banco de la República poco reconocen. No obstante, sí queda la preocupación de un impacto inflacionario por el incremento del salario mínimo”, señala Juan Carlos Guataquí, analista laboral.
Todos esos puntos de vista tendrán que ser abordados en el debate sobre el salario mínimo, que apenas comienza y que, según el Ministerio de Trabajo, deberá finalizar el 15 de diciembre. Se deberán incluir también las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cuales apuntan a que “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”. Tampoco hay que perder de vista que uno de los objetivos de la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible es el trabajo decente.