Durante este fin de semana, una nueva visita del presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro encendió una nueva polémica, tras una declaración del mandatario colombiano en la que habló sobre el rumbo de la explotación de hidrocarburos en Colombia por parte de la petrolera estatal Ecopetrol.
El presidente Petro aseguró que es probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA (Petróleos de Venezuela), en la explotación de campos de gas en Venezuela y campos de petróleo, afirmando que con ello se asegurará, en ambas vías, energía eléctrica a Venezuela y materias primas fósiles a Colombia. El mandatario aseguró que este sería el “inicio de la transición energética”.
Para algunos expertos, la idea sería nociva para la soberanía energética del país, al empezar a depender de los negocios en Venezuela para explotar petróleo. La iniciativa también iría en contravía de lo propuesto por el presidente colombiano, de frenar la exploración por causas ambientales, pues igualmente se seguiría extrayendo el hidrocarburo, pero en otra zona, lo cual no evitaría el impacto climático.
La razón por la que negocio con PDVSA viola código de ética de Ecopetrol
La petrolera venezolana actualmente se encuentra incluida en la famosa Lista Clinton, hecha por la oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE. UU. y en la cual están las empresas relacionadas con actividades de lavado de activos. La lista fue creada en el año 1995 y tiene como objetivo mitigar el lavado de activos y el narcotráfico.
Ante ese hecho, que empaña la imagen de PDVSA, el código de Ecopetrol es radical, al no permitir realizar negocios con compañías o empresas incluidas dentro del listado, por posibles negocios turbios.
El código de ética precisa que la empresa debe evaluar cuidadosamente toda transición financiera en la cual participe Ecopetrol, al realizar una debida diligencia sobre la contraparte, para verificar que esta no se encuentra dentro de listas restrictivas o que no tiene una señal de alerta.
“Ecopetrol debe acatar las sanciones y restricciones económicas que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que contengan prohibiciones o limitaciones a negocios y transacciones con ciertos países, incluyendo personas y entidades; por tanto, su análisis es indispensable antes de proceder a realizar un acuerdo”, dicta la norma de la compañía.
Además de ello, en los estatutos de Ecopetrol, más exactamente en el artículo 46 de transparencia, se establece que el Grupo Ecopetrol, además de sus trabajadores, administradores y beneficiarios, deben adoptar una política de cero tolerancia frente a hechos de fraude, soborno, corrupción, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), lavado de activos y financiación del terrorismo.
Es preciso recordar que la petrolera venezolana ha pasado por varios escándalos durante la última década. De hecho, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que desde el 2017 en ese país se han investigado cerca de 27 entramados de corrupción en PDVSA, lo que ha dejado un saldo de más de 200 detenidos, entre ellos, funcionarios que se desempeñaban en altos cargos en la industria.
Además, que EE. UU. ha impuesto varias sanciones a la empresa, luego de que en 2018 el presidente Nicolás Maduro lograra la reelección, que para el país norteamericano fue considerada como fraudulenta. Pese a ello, en octubre de este año y tras varias negociaciones, el país decidió levantar temporalmente y bajo algunas condiciones las sanciones aplicadas al petróleo, gas y hasta el oro de Venezuela.
De hecho, el Departamento del Tesoro emitió una licencia general de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que permite transacciones para mantener operaciones esenciales.