¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS?

SI BIEN ES CIERTO QUE EL FBI, la CIA y la DEA han sido siempre criticados por los métodos non sanctos con que logran lo que se proponen, las declaraciones que el Sollicitor General Kenneth Starr dio la semana pasada ante la Corte Suprema dejaron desconcertados a más de un observador. Durante el recurso de apelación del caso del mexicano Humberto Alvarez Machaín ante las Cortes norteamericanas, Starr, quien ocupa un cargo equivalente al defensor del pueblo en Colombia y es el encargado de abogar por los intereses de la nación, afirmó explícitamente el derecho legal de ese país para organizar secuestros de las personas que tengan asuntos pendientes con la justicia, para que sean juzgados en los Estados Unidos. En otras palabras, Starr declaró la autoridad legal para desafiar la soberanía nacional del país afectado y desacatar los tratados de extradición vigentes con el fin de llevar a un acusado hasta los Estados Unidos.Lo que al principio pudo haber sonado como un complicado discurso jurídico, ocasionó una verdadera conmoción en la opinión pública y en los corredores de la Cancillería colombiana. Para nadie es sorpresa que los Estados Unidos tienen cierta tendencia a hacer imperar sus intereses sobre la soberanía de otros países, como sucedió con el secuestro de Alvarez Machaín, acusado de haber participado en las torturas y el asesinato del agente infiltrado de la DEA Enrique Camarena en Guadalajara hace cinco años. Pero que ello pase de algunos casos aislados a convertirse en una política oficial dejó preocupados a los gobiernos de los países que tienen riesgos de entrar en enfrentamientos con la justicia norteamericana. La primera reacción de cualquiera que hubiera oído las palabras de Kenneth Starr sería pensar que podían dirigirse a los narcotraficantes colombianos, y más específicamente a Pablo Escobar. Al fin y al cabo, si al gobierno norteamericano no le había temblado la mano para invadir un país y llevarse a su primer mandatario como sucedió en Panamá, o para secuestrar al narcotraficante Juan Ramón Matta Ballesteros en su casa en Honduras, por qué no habrían de diseñar un operativo para llevarse a Escobar y juzgarlo por su cuenta, aún más después del escepticismo que provocó la política de sometimiento a la justicia del presidente Gaviria. Las afirmaciones, junto con el reciente episodio del hallazgpo en San Salvador de las bombas que iban a ser empleadas para volar la cárcel de Envigado se prestaban para elaborar toda clase de teorías que pertenecen más al campo de la ciencia ficción que a la de las posibilidades reales. Sin embargo, el rango de Kenneth Starr, el contexto en el cual se produjeron sus declaraciones, la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y el hecho de que Pablo Escobar esté tras las rejas hacen que las posibilidades de que un secuestro de ese estilo se produzca en Colombia sean sumamente remotas. En primer lugar, Starr no es, como se decía, el Procurador estadounidense, sino un funcionario de tercer nivel dentro del departamento de justicia. Sus funciones son las de defender los intereses del país, pero de ningún modo influyen sobre la política exterior norteamericana, que está a cargo de los funcionarios del Departamento de Estado exclusivamente. Además, vistas en el contexto, sus afirmaciones tienen tanto de largo como de ancho, pues se produjeron en un caso muy específico, difícilmente generalizable. La intervención del funcionario tuvo lugar cuando Alvarez Machaín apeló el fallo que lo sentenciaba por el homicidio de Camarena, aduciendo justamente que se había desacatado el tratado de extradición que une a México y Estados Unidos, y que para someterlo a la justicia se había recurrido a un secuestro ilegal, perpetrado por agentes mexicanos pagados por las autoridades estadounidenses. En este caso, la función de quien defiende al país ante los tribunales es justamente abogar a favor de los métodos que fueron empleados para llevar a Alvarez ante la Corte del estado de California, y no es de sorprenderse que Starr haya desempolvado una doctrina jurídica que viene rigiendo el sistema legal americano desde cuando se tenía que recurrir a los cazadores de recompensas para combatir la impunidad. Si bien es cierto que en este caso, las afirmaciones le quedaban como anillo al dedo a Colombia, en ningún momento se trató de una amenaza, de una advertencia o tan siquiera de una alusión al caso de los narcotraficantes colombianos. Por otro lado, este tipo de secuestros se han producido en los casos en los cuales no existen los métodos de cooperación entre los países en cuestión, cuando la justicia local es tan débil o tan corrupta que es casi seguro que el caso va a quedar en la impunidad. Si bien es cierto que en un principio la política de sometimiento a las autoridades de los narcotraficantes colombianos fue vista con escepticismo por las autoridades norteamericanas, el proceso de fortalecimiento de la justicia ha creado un clima de relativa confianza en el sistema jurídico colombiano. Esto ha hecho que no solamente los mecanismos de cooperación entre los dos sistemas jurídicos vayan viento en popa, sino que hayan llegado tan lejos como que los jueces colombianos hayan viajado a los Estados Unidos con el fin de escuchar testimonios, y eso no puede ser otra cosa que un signo de apoyo a los mecanismos legales que el gobierno ha diseñado para poner fin al narcoterrorismo. Por último, una cosa es que las agencias norteamericanas se las ingenien para apresar a un individuo en su casa como sucedió con Matta Ballesteros y Alvarez Machaín, y otra muy distinta es que no sólo burlen la soberanía y los tratados internacionales, sino que además se brinquen la justicia local para secuestrar a alguien que ya está en la cárcel. -