Fue publicado recientemente el Informe Global de Competitividad 2012-2013. Como es usual, los medios de prensa destacaron cuántos puestos ganó o perdió el país en cuestión en el ranking mundial. Los titulares más grandes se vieron en los países que más descendieron en el ranking: Uruguay cayó 11 puestos, El Salvador 10 y Argentina nueve. Hubo menos despliegue en los países que más posiciones ganaron: Ecuador 15, Panamá nueve, Paraguay y Perú seis, y Brasil y México cinco. Y en los demás, incluido Colombia o Venezuela, que no tuvieron mayores cambios, el informe pasó bastante desapercibido. Es una lástima que este interesante ejercicio analítico no se lea en la forma adecuada. Lo que importa no es si el país gana o pierde puestos con respecto a los demás países, sino su posición respecto a su propio nivel de desarrollo. El crecimiento económico no es una competencia contra las capacidades y aciertos de los demás, sino contra las deficiencias y errores propios. La llamada “competitividad” de las naciones es una mala extensión del concepto de competitividad entre empresas, donde las mayores ventas que logra una empresa usualmente son a costa de las demás (excepto en empresas verdaderamente innovadoras que logran crear nuevos mercados, como Apple o Google). Pero el hecho de que Brasil, China o Estados Unidos crezcan más rápido no reduce el crecimiento de México, la India o Europa, más bien al contrario. Lo más valioso del Informe Global de Competitividad es, justamente, que permite identificar con facilidad si el país tiene las condiciones para mantener o mejorar su actual nivel de producción e ingresos o si, por el contrario, está abocado a un retroceso, y lo que debería hacer para evitarlo. En América Latina y el Caribe, entre los países que el informe clasifica como “en transición hacia economías impulsadas por la innovación”, están en riesgo de un severo retroceso económico Argentina, Uruguay y Trinidad y Tobago. También corren ese riesgo unos cuantos países que deberían ser “economías impulsadas por la eficiencia”, pero cuyas calificaciones son sustancialmente inferiores de lo que se requiere para mantenerse en ese estadio (como Jamaica y República Dominicana). Y, mención aparte, está Venezuela, que el informe clasifica en la misma etapa de desarrollo de Bolivia y Honduras (no por su nivel de ingreso, sino por su extrema dependencia de las exportaciones de petróleo), y cuyas condiciones actuales no ofrecen las bases mínimas para poder mantener su nivel actual de producción e ingresos. Los requisitos más básicos para el crecimiento, según el informe, consisten en tener instituciones públicas favorables al esfuerzo productivo privado, una infraestructura de transporte y comunicaciones que facilite acceder a los mercados y la información internos y externos, una macroeconomía libre de inflación y volatilidad, y una fuerza de trabajo sana y bien educada. Los países que están en riesgo de retroceso tienen serias deficiencias en algunos, o todos, estos aspectos (excepto Uruguay, cuyos mayores problemas residen en las normas laborales y financieras). Lo mismo ocurre con Colombia, Paraguay y Perú, que a pesar de sus fortalezas macro, tienen pies de barro en los otros aspectos, y por lo tanto carecen de las bases para pasar a etapas más altas de desarrollo. En toda América Latina y el Caribe sólo hay dos economías con fuerte potencial: Chile y Panamá. Sus condiciones de competitividad superan sus niveles actuales de producción e ingreso, y por lo tanto tienen espacio para progresar. Eso no significa que estén libres de restricciones para crecer: en ambos casos la ineficiencia del gobierno y la baja calidad de la educación son dos de los tres mayores problemas. Pero mientras en Panamá hay un gran entusiasmo empresarial gracias a los progresos en infraestructura e innovación, Chile padece de un cierto desánimo debido a que el progreso económico y social en la última década ha estado por debajo de las expectativas que se crearon en los noventa.