¿Por qué la cuarentena golpea tan duro a los habitantes de Ciudad Bolívar?

En el sector de Tres Esquinas, en Ciudad Bolívar, en la sala de una pequeña casa que no supera los 4 metros de frente, se reúnen ocho personas, hombres y mujeres. Don José Félix, el mayor de ellos, tomó la palabra: “Aprovecho esta reunión para decirles que Dani vino ayer en la noche y llorando me dijo que tenía a sus dos hijas sin nada de comer. Yo le di algunas cosas y hoy me mandó una foto donde ellas aparecen comiendo, agradeciéndome el gesto. Pero la situación de Dani es difícil, así que tenemos que hacerle un mercadito y llevárselo”. Uno de los asistentes intervino: “Yo en un rato traigo una libra de arroz”; otra: “Yo puedo aportar unas papitas”; y un señor de mediana edad metió la mano en su bolsillo, sacó 5.000 pesos y se los entregó a don Félix. Ellos forman parte del Colectivo de Derechos Humanos Félix Rueda, que agrupa a las víctimas de violencia y desplazamiento forzado de Ciudad Bolívar. El 8 de abril protagonizaron un cacerolazo y taponaron la calle principal de este sector de la localidad. Según ellos, tuvieron que tomar las vías de hecho porque ni la Alcaldía de Bogotá ni el Gobierno nacional les han destinado las ayudas para sobrevivir al aislamiento obligatorio. Ocho días después, el 16 de abril, ellos, junto con recicladores y vendedores ambulantes, hicieron un plantón en la Alcaldía local para solicitar alimentos y subsidios a fin de pagar el arriendo atrasado.

“Antes de que nos prohibieran salir a trabajar, yo me hacía 30.000 pesos diarios libres; unos días más, otros días menos, pero me servían para pagar el arriendo y llevar la comida a la casa. Pero ahora estoy desesperada. Vivo de lo que me dan mis vecinos y no sé cuánto más pueda soportar esta situación”, cuenta doña Mónica Cuéllar, una vendedora ambulante víctima de desplazamiento forzado, que se ubicaba en la vía principal de Tres Esquinas a vender dulces y tinto. En estas protestas, los habitantes de Ciudad Bolívar intentan cumplir las medidas de cuidado y de distanciamiento social, aunque al final las violan. Ellos son conscientes del riesgo que implica realizar las manifestaciones, pero afirman que no tienen más opción ante el incumplimiento del Estado. “La situación nos pone a elegir entre arriesgarnos a contagiarnos de coronavirus o morirnos de hambre o a que nos echen de las casas por no pagar el arriendo. Las ayudas humanitarias que necesitamos solo las entregan por televisión porque en realidad nosotros no las vemos”, dice don Félix. La situación vivida por las víctimas de la violencia no es excepcional. A lo largo y ancho de Ciudad Bolívar, son miles los casos similares de personas que por falta de trabajo ya no tienen con qué comer ni pagar sus arriendos y los servicios públicos. En esta localidad los trapos rojos colgados en las ventanas, que señalan que la familia no tiene alimentos, se volvieron algo común. También, los bloqueos en las principales vías de acceso a los barrios y el aumento de la delincuencia. “Ahora vemos jóvenes que a plena luz del día les roban los paquetes de mercado a las personas y salen corriendo”, cuenta doña Carmen Pérez, quien se acercó con la cédula creyendo que el reportero era representante de la Alcaldía. En medio de sus quejas, contó que en los últimos días se ha “levantado lo de los buses para ir a Corabastos a recoger comida de los desechos que quedan allí”.

De acuerdo con los datos de la más reciente Encuesta Multipropósito de Bogotá, Ciudad Bolívar es la cuarta localidad más habitada de la capital, con alrededor de 730.000 personas. El 54 por ciento es de estrato uno y el 39 por ciento, de estrato dos. Y casi la mitad de sus habitantes, el 46 por ciento, vive en arrendamiento. En materia laboral, esta localidad cuenta con los porcentajes más altos de informalidad de la ciudad, con el 49,3 por ciento de las personas que realizan algún tipo de trabajo. Muchas familias que han sido desalojadas por atrasarse en el pago de arriendos han llegado a zonas de invasiones ilegales. Los habitantes consultados por SEMANA afirman que al mes gastan 500.000 pesos en arriendo, 150.000 en servicios públicos, 200.000 en transportes y entre 200.000 y 300.000 en alimentación. “Como ve, acá el salario mínimo no alcanza para cubrir los gastos mensuales. Por eso no es raro ver que las familias recurran a sus vecinos para que las ayuden con alimentos, que vivan en una habitación en arriendo en la que tienen todo allí, las camas, la cocina, todo… para ahorrase unos pesos, o que recurran a invadir predios”, cuenta José Vicente Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio.

El líder social Félix Rueda cuenta que los bloqueos de vías se han vuelto el pan de cada día desde que se inició el confinamiento. Esos datos explican por qué el confinamiento ha golpeado tan duro a los habitantes de Ciudad Bolívar. La covid-19 exacerbó los problemas sociales y económicos de uno de los sectores más deprimidos de Bogotá. La falta de dinero para comprar comida se ha convertido en el motor de un descontento social expresado en vías bloqueadas, en medio de la discordia entre los mismos habitantes de Ciudad Bolívar.

En la glorieta de Arborizadora Alta, a menos de 10 metros del CAI de la Policía, varias personas bloquean con los contenedores de basura la vía que conduce al barrio Potosí, y, armados con palos y varillas, no les permiten pasar a los vehículos que no les paguen un peaje. Según ellos, las ayudas han ido a parar a ese lugar y a ellos no les dieron nada. “Nosotros estaremos aquí para cuando lleguen las ayudas, hasta que lleguen a donde no han llegado”, grita una mujer no mayor de 20 años, en medio de un tumulto. Cien metros más abajo del bloqueo, a la entrada del polideportivo, bajo una carpa habitantes de la zona vigilan las 24 horas el centro recreativo para evitar que la Alcaldía traslade allí a los habitantes desalojados de los inquilinatos del barrio. El Distrito dijo que ya no lo iba a hacer, pero José España, uno de los vecinos de la guardia, afirma que en el polideportivo todavía hay 25 carpas y que no confían en las autoridades: “Por eso no nos movemos de acá hasta que no las saquen”. Estas personas dicen que también necesitan las ayudas, pero que no recurren a los bloqueos de calles, sino a la protesta pacífica. Y consideran vándalos de dudosa reputación a los que cerraron la vía hacia Potosí. A más o menos un kilómetro del bloqueo de la glorieta, hay otro en el barrio Sabio Caldas. Desde el domingo 19 de abril sus habitantes se tomaron la calle principal y solo dejan pasar ambulancias y las patrullas de la Policía. Allí la comunidad se organiza en turnos durante las 24 horas e hizo al lado dos rudimentarias cocinas comunales para alimentar a los vigilantes. Marisol Perlaza, una ama de casa afrodescendiente, dice que ante la falta de ayudas de la Alcaldía les tocó realizar esta acción, pero reitera que en ningún momento han ejercido la violencia. “Nosotros estamos en contra de los actos vandálicos, y la muestra es que dejamos pasar a las ambulancias y a la policía, pero tenemos que hacernos sentir, aquí mucha gente está pasando necesidades”, dice. Una habitante de esta comunidad hizo una especie de lista de las peticiones, que piensa entregar cuando la Alcaldía los visite. Dice que hay dos enfermos de cáncer desatendidos, varias personas de la tercera edad, discapacitados y niños recién nacidos que no tienen ni siquiera pañales.

A la falta de alimentos se suma el conflicto entre propietarios e inquilinos, que puede terminar en un grave problema de orden público. El Gobierno nacional les prohibió a los primeros desalojar a los segundos durante el confinamiento, pero lo hacen sin importar si las familias tienen para dónde ir. Muchas de ellas han decidido habitar las invasiones, como la que existe en Altos de la Estancia. Ante la imposibilidad de expulsarlos, los propietarios han optado por cortarles los servicios públicos. “Nos tienen que entender. La mayoría solo tenemos el ingreso del arriendo, y si a eso le sumamos que muchos de los inquilinos no tienen para pagar los servicios, esa deuda nos va a quedar. Nosotros entendemos el problema y no somos los malos del paseo, por eso necesitamos que la Alcaldía y el presidente nos ayuden”, dice un propietario que no quiso dar su nombre. Aparte de las ayudas en alimentos y en dinero para pagar los arriendos, los habitantes de Ciudad Bolívar piden que los dejen salir a trabajar. Vendedores ambulantes, recicladores y trabajadores independientes coinciden en lo dicho por el maestro de obra Luis Eduardo Martínez: “No queremos caridades ni limosnas, con que nos dejen salir a trabajar es suficiente; pero si no nos dejan salir, por lo menos que nos ayuden con los alimentos, los servicios y el arriendo”. A medida que pasan los días, la situación en Ciudad Bolívar está pasando de castaño oscuro, y en la comunidad ya comienzan a circular rumores de bloqueos en la autopista Sur, una de las principales vías de acceso a la capital. Los mismos habitantes son conscientes de que la situación es una bomba de tiempo que puede estallar y salirse de control. Por eso, hacen un llamado a las autoridades para que les pongan atención.