La Uso, que agrupa a los trabajadores de Ecopetrol, anunció que además del cese de actividades que afectará a refinerías, oleoductos y campos de producción, tampoco acudirá a la mesa de negociaciones para una nueva convención colectiva de trabajadores mientras no se resuelvan el problema de Hernández y se reintegre a doce empleados despedidos. La Fiscalía General de la Nación dictó la orden de detención contra Hernández, acusándolo de supuestos vínculos con el ELN. El organismo se basó en el testimonio de un guerrillero retirado de las filas del grupo armado, identificado como Joaquín Vergara Mojica, procesado por secuestro, quien aseguró que el expresidente de la USO era miembro activo del grupo. Hernández se ha defendido en varias ocasiones asegurando que la incriminación es fruto de una "persecución política que ha afectado también a su familia".