En medio de nuevos disturbios motivados por el hambre, el parlamento brasileño rechazó el polémico decreto ley 2045 que imponía a todos los trabajadores una reducción salarial a través de reajustes inferiores a los Indises de inflación. Derogó también otros tres decretos presidenciales que restringían las remuneraciones de funcionarios de empresas estatales, las contribuciones al seguro social y que concedían amnistía fiscal a rentas ilegales. El 2045 respondía a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después del rechazo, el poder ejecutivo redactó un nuevo decreto ley, el 2064, substituyendo con cambios y medidas adicionales en el área fiscal, los instrumentos legales rechazados. Continúa por ello lo que en Brasil llaman la "guerra de los salarios" entre el gobierno y la población trabajadora.