EN COMA

CUANDO UN MEDICO CUcuteño le pidió explicaciones al Ministro de Salud sobre por qué no había cumplido con un acta compromisaria firmada y avalada por su viceministro, Iván Moreno Rojas, en la que se aumentaban los sueldos de los trabajadores de la salud, Alonso Gómez Duque le contestó: "Yo le dije: no sea guevón, no vaya a firmar esa mierda ". Esta anécdota podría ser para muchos un reflejo del carácter desabrochado del ministro de Salud, Alonso Gómez Duque, pero para los médicos es un reflejo de la falta de seriedad con que el gobierno ha manejado la crisis hospitalaria que, como consecuencia de la inconformidad de los trabajadores de la salud or los salarios que devengan, afrontan varias ciudades del país. Si bien la crisis se ha manifestado con bastante crudeza en Ibagué, Medellín, Montería, Cartagena y Bogotá, Cúcuta ha sido la más afectada. No solo porque 60 médicos del hospital Erasmo Meoz -y otros 300 del resto del departamento- renunciaron para sentar su protesta y desacuerdo por lo que ellos consideran un convenio incumplido, sino porque las autoridades de Norte de Santander no han encontrado la manera de llenar esas vacantes. Lo más preocupante es que mientras se resuelve esa polémica jurídica, cerca de 5.000 pacientes se debaten en una espera que para ellos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A nivel nacional, la crisis se originó por la implementación del decreto 439 -el pasado 8 de marzo- a través del cual el gobierno decidió la nivelación progresiva de los salarios de los trabajadores de la salud -por lo menos 91.000 funcionarios del sector público- en un plazo de cuatro años. El problema es que, según las agremiaciones médicas y hospitalarias, este decreto va en contravía de sus aspiraciones salariales. Según Aldo Cadena, presidente del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social -Sindess-, el decreto no sólo no hizo reajustes equitativos sino que en algunos casos se disminuyó el salario mensual que venían recibiendo algunos funcionarios. "Un ejemplo claro es el de las auxiliares de enfermería, que ganan actualmente 220.000 pesos y que con la nivelación quedaron con un sueldo para este año de 214.000 pesos". Al desacuerdo con este decreto se sumó en Cúcuta el incumplimiento del acta compromisoria firmada el pasado 13 de octubre entre el departamento de Norte de Santander y los profesionales de la salud, que determinó un aumento del 85 por ciento en los sueldos de los profesionales del sector. Lo extraño es que aun cuando el documento fue firmado y avalado por el viceministro de Salud, Iván Moreno Rojas -en presencia de autoridades departamentales como el procurador regional, Nelson Durán- el gobierno lo desconoció luego. "El Ministro de Salud llegó a tal descaro que ahora dice que su viseministro sólo actuó como un simple testigo. sin ninguna representatividad del gobierno", asegura Gabriel Uribe, presidente de Asprohem, el gremio que agrupa a los trabajadores del Erasmo Meoz. Sin el Ministro de Salud, Alonso Gómez, tiene otra interpretación. Según dijo a SEMANA, "el viceministro fue en una función de buena voluntad, ya que al estar descentralizado el funcionamiento de los hospitales regionales el Ministerio no tiene ninguna competencia para entrar a negociar en conflictos de ese estilo". Y aseguró que, aunque el Ministerio quisiera entregar recursos para los hospitales de Cúcuta o de cualquier otra ciudad, no lo podría hacer porque la ley dice que los hospitales regionales deben sostenerse con los recursos departamentales. Eso no explica, sin embargo, la denuncia que presentó Asprohem ante el Defensor del Pueblo, según la cual durante las negociaciones del 13 de octubre "(el viceministro) se levantaba de su asiento y consultaba telefónicamente con el Ministro de Salud (...) y después de varias horas de negociación y consultas telefónicas (...) estampó su firma y con su puño y letra escribió que actuaba en representación del doctor Alfonso Gómez...". De acuerdo con la denuncia que esta agremiación presentó también al presidente Ernesto Samper, el gobierno no puede desconocer la validez de este acuerdo, "pues se configuró un acto administrativo jurídicamente válido". Para la Procuraduría Regional de Norte de Santander, que se pronunció sobre este caso, "resulta criticable la absoluta irresponsabilidad derivada del hecho de que la misma administración no cumple los compromisos alegando posteriormente supuestas ilegalidades ". Pero aun cuando la polémica jurídica se resolviera, el problema de fondo de la salud en Norte de Santander trasciende una disputa entre médicos y funcionarios del gobierno. Según reconocen las propias autoridades, el departamento tiene un déficit de 9.000 millones de pesos, lo cual hace imposible atender las aspiraciones salariales que exigen los trabajadores de la salud; mientras que la empresa de licores, que entregaba importantes aportes a los hospitales, está en quiebra. Lo más paradójico es que, a tiempo que alega no poder solucionar la crisis en el sector oficial, el mismo Ministerio de Salud está cancelando, mensualmente, más de 400 millones de pesos a las clínicas privadas que están supliendo el servicio que dejaron de prestar el hospital Erasmo Meoz, el hospital mental Rudesindo Soto, de Cúcuta, y el hospital San Juan de Dios, de Pamplona. Como para rematar una situación propia del realismo mágico, los mismos profesionales de la medicina enviaron a algunos medios de comunicación una copia del telegrama de respuesta que les mandó el secretario privado de la Presidencia, José Antonio Vargas Lleras, en la que contesta que para solucionar la crisis hospitalaria "y de conformidad con las disposiciones legales", las quejas ya fueron puestas en conocimiento "del Ministerio de Edusación ".INCERTIDUMBRE EN ANTIOQUIALAS PETICIONES de los médicos paisas apuntan a garantizar la financiación de los hospitales, el derecho a la atención de los más pobres, salarios dignos y condiciones laborales sanas y adecuadas. EL gobernador de Antioquia había negociado a principios del año un acuerdo tras largo proceso de diálogo, en el cual se hacían reajustes a algunas de las peticiones de los médicos y especialistas que de todas maneras no colmaban las expectativas de éstos. EL gobernador Alvaro Uribe Vélez es consciente de la situación y afirma que "son 20 años en los cuales el salario de los médicos viene perdiendo su capacidad adquisitiva.. El director de Metrosalud, Sergio Durán, ha afirmado que aunque respeta el paro decretado por la intergremial, está dispuesto a controlar los servicios profesionales por fuera para garantizar la atención en el Valle de Aburrá. Explicó que la entidad cuenta con 450 médicos y 30 especialistas, con los cuales se presta el servicio de salud a cerca del 90 por ciento de los usuarios en los sectores de bajos recursos.