Una vez más se aplazó la lectura del fallo de la condena contra tres ‘falsas víctimas’ de la masacre de Mapiripán (Meta) que con argucias engañaron al Estado y ahora se ven enfrentado a una larga pena. A la trascendental cita llegó muy temprano el general (r) Jaime Humberto Uscátegui quien, como muchos otros, esperaba conocer la condena. No es un caso de poca monta. Se trata del engaño de un grupo de ciudadanos que recibió un dinero del Estado bajo engaño y jugando con el programa de víctimas. Un tema del todo delicado. Pero la cita judicial se frustró por la falta de asistencia de los implicados. Se trata de Mariela Contreras, Zully Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Cuero. Ellos, además de recibir más de 3.000 millones de pesos derivados de su falso testimonio, testificaron en contra del general, lo que contribuyó a su condena de 37 años de prisión. Por eso Uscátegui reclamó airadamente por este nuevo aplazamiento. Eso sí, aprovechó y dejó constancia de que seguirá insistiendo en su inocencia. "La condena por fraude procesal va a demostrar que en mi proceso hubo vicios muy graves. Vamos utilizar esta condena para el recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia y una demanda ante el Estado Colombiano por la falta de garantías judiciales en mi caso". Así mismo, el general se refirió al nuevo modelo de justicia acordado entre el Gobierno y las FARC en Cuba. “La justicia transicional es para culpables que admitan la responsabilidad, sean de las FARC o agentes del Estado o quien sea. Pero a seres humanos inocentes no les pueden exigir que se atribuyan un delito que no cometieron, eso es diabólico”. Y resaltó que a los militares inocentes detenidos en las cárceles tienen que abrirles un espacio especial en el acuerdo y no compararlos con los guerrilleros. En el 2014 la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Uscátegui como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros de Mapiripán y, aunque la Corte descartó que el general haya sido aliado de los paramilitares, consideró que en calidad de comandante de la VII Brigada del Ejército, “omitió adoptar medidas en favor de los habitantes de la localidad”.