Gabriel de Jesús Rincón Amado lleva años trtando de recuperar su libertad. La diferencia es que esta vez a cambio, tendrá que contar cómo se fraguaron los asesinatos de cinco jóvenes de Soacha en agosto de 2008. Parado frente a las madres de Julio Mesa, Jáder Palacio, Víctor Gómez, Jhonatan Soto y Diego Tamayo, el país verá comparecer -este viernes- al exjefe de operaciones de la Brigada Móvil 15 ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Junto a él, trece miembros más de las Fuerzas Militares, se presentarán en la audiencia, que convoca la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y, con la que se busca: 1) ratificar su compromiso con la justicia transicional 2) revisar sus situación judicial y 3) dejar en claro cómo repararán a las víctimas.

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Después de haber sido condenado a 46 años de prisión bajo los parámetros de la justicia ordinaria, Rincón Amado migró hasta los tribunales de la justicia de paz para que se revise de nuevo su caso. El coronel retirado fue condenado por homicidio agravado; tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municipios; concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Con su sentencia el año pasado, se desempantanó uno de los casos judiciales más sonados desde cuando se destapó el escándalo de los falsos positivos. En ese entonces, mientras que decenas de jóvenes en Soacha fueron reportados como desaparecidos por sus familiares, el Ejército los registró como caídos en combate en Cimitarra (Santander) y Ocaña (Norte de Santander).

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Ese fue el caso de Diego Tamayo, de 25 años, que fue visto por última vez el 23 de agosto del 2008 por sus familiares y dos días después apareció reportado como dado de baja en combate a más de 600 kilómetros de su lugar de residencia, y sumado a ello, como supuesto miembro del grupo paramilitar ‘Águilas Negras‘.

Según se conoció años después, "él, al igual que Víctor Fernando Gómez y Jáder Andrés Palacio Bustamante, fueron llevados con falsos ofrecimientos de trabajo hasta Ocaña donde sus reclutadores los alojaron en una habitación donde les suministraron bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas". Estando en manos de integrantes de la Brigada Móvil 15 y con Rincón Amado como jefe de operaciones, fueron asesinados y presentados como dados de baja en combate.

Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez fueron reclutados por Pedro Gámez y Alexander Carretero para recoger una plata en Ocaña a donde se fueron con pasajes pagados. Posteriormente, fueron entregados a unos militares en un falso retén quienes dos días después también los presentaron como supuestamente muertos durante los enfrentamientos.

¿La estrategia?

A pesar de que la audiencia este viernes se concentra en los cinco jóvenes de Soacha, en las investigaciones que Rincón Amado tiene su contra pesan muchos más nombres como el de Luis Antonio Sánchez Guerrero que también habría sido asesinado por la Brigada 15, en la reserva natural de las aves Hormigueo de Torcoroma, el 16 de abril de 2007.

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De acuerdo con una sentencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema, en este caso como soporte de la operación se usó un informe de inteligencia militar fechado el mismo día que ocurrió el homicidio. El documento fue cuestionando y se demostró que "la orden de operaciones obedeció a un plan orquestado entre Rincón Amado, el Pelotón Espada 1, el sargento Rafael Urbano e integrantes de las Bandas Criminales de la zona. Mientras los militares mostraban resultados operacionales positivos, las bandas criminales delinquían a sus anchas en el sector.

Como lo viene documentando la justicia, hay evidencias que apuntan a que algunos militares reclutaron personas en barrios populares para asesinarlos y reportarlos como bajas en combate con el fin de recibir prebendas y beneficios. A raíz del escándalo, en octubre del 2008 fueron destituidos 27 altos mandos involucrados.

De hecho, en el más reciente informe que la Fiscalía le entregó a la JEP, se supo que hay un total de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales 48 por ciento fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años. Actualmente, de ese universo de involucrados, de los cuales 1.750 son miembros del Ejército, 965 miembros de la Fuerza Pública están en libertad condicionada, mientras 134 están en unidad militar o policial.

Sánchez Guerrero fue presentado en el Radiograma Operacional, suscrito por Rincón Amado, como parte de un resultado positivo en contra de los narcoterroristas que operaban en la zona. De esa forma, se lee en parte de la denuncia que revisó el alto tribunal "se explica que todo fue planeado con anterioridad y que una vez se cometía el asesinato se le atribuía el material bélico, para simular que había sido atacado el pelotón y que el homicidio había sido en legítima defensa".

Y es que de acuerdo con la sentencia, como parte de la fachada para justificar las muertes, se usó "una pistola sig sauer 9mm, 9 cartuchos para esa pistola y una granada IM26". Haciendo pasar el material como propio los involucrados lograron darle la apariencia de combate a los hechos, lo cual sabía el Rincón Amado, quien desde se (sic) rol en el concierto criminal dispuso la consecución de dicho material para usarlo en estos hechos".

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Aunque el coronel retirado ha intentado demostrar en los estrados judiciales que no es responsable de los delitos por los que se le acusa y que su caso no ha llevado el debido proceso, no ha salido bien librado. Por ejemplo en 2015 la Corte Suprema de Justicia en el 2015 decidió inadmitir la demanda de casación que presentó su abogada contra uno de sus procesos. Para el alto tribunal, hay evidencia que acredita que el Rincón Amado estaba aliado con grupos delincuenciales del sector. Esa simbiosis que existió, fue la que facilitó la comisión de los asesinatos.

“Lo anterior es corroborado con un episodio contado por el mismo cabo Mora, que prueba que Urbano era el hombre que trabajaba en concierto delictivo con el procesado, pues el mismo Rincón Amado, para la época de los hechos, constriñó y le impuso al cabo Mora que tenía que trabajar con Urbano so pena de atentar contra la familia de este cabo. Infiriéndose del actuar del procesado, que su estrategia consistía en asegurarse que la CIOCA al mando del oficial de Inteligencia Militar de la Brigada Móvil 15, que era el Mayor Velandia, no dañara ni interfiriera en las acciones delincuenciales de las bandas criminales, como contraprestación a la alianza establecida entre el procesado y estas bandas”, le recordó el magistrado Gustavo Malo a la abogada cuando citó varios apartados de la acusación.