Cuando los políticos que gobiernan se enferman, ¿dónde se traza la línea entre su derecho a la privacidad y el de sus gobernados de conocer su estado real? En Colombia la pregunta regresó al centro del debate por los quebrantos de salud que ha padecido el vicepresidente Angelino Garzón, las intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometido el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la reciente hospitalización del alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán. No es para menos: de la capacidad física y mental de los gobernantes depende el futuro de millones de personas. No se trata de un tema menor. Por ejemplo, aún no se sabe a ciencia cierta si en caso de que el presidente Juan Manuel Santos se enferme, Garzón podría hacerse cargo del gobierno. Hace unas semanas una comisión del Congreso visitó al vicepresidente pero no resolvió la duda. "Angelino está de vuelta", dijo el presidente del legislativo, Roy Barreras. Sin embargo, ese parte, aunque proviene de un galeno, carece de validez jurídica para certificar si el 'vice' podría cumplir su única tarea constitucional de reemplazar al presidente en caso de faltas temporales o absolutas. A Garzón se le ha visto activo y recuperado, pero seguirá incapacitado por un tiempo. Hace dos meses un equipo de cirujanos le drenó un hematoma subdural (coágulo entre el cerebro y el cráneo) al alcalde Petro, producto, probablemente, de un golpe que sufrió. La historia se repitió hace más de una semana, con la suerte de que los médicos estaban avisados de cuál podía ser el diagnóstico, pues cerca del 20 por ciento de los casos se repiten. Unas horas antes de que fuera llevado a la Fundación Santa Fe, Petro había presentado dificultades para recordar las palabras y dolor en un brazo. La semana pasada el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, también fue hospitalizado. Horas antes sintió adormecimiento en el brazo y lado izquierdo de su cara. Con el paso de las horas los médicos le diagnosticaron una isquemia cerebral leve. Un caso menos conocido a nivel nacional, pero que seguramente será motivo de debate en los años que le quedan de mandato, es el del gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena. "Se le suelta la cadena", es como definen en Sincelejo su aparente problema de salud mental. Personas de la región cercanas a Guerra contaron que el mandatario no coordina sus declaraciones, que incluso, olvida el nombre de sus secretarios de Gobierno. Y aunque Guerra ha dicho que las denuncias son una artimaña de sus contradictores, varios testigos consultados por SEMANA certifican los olvidos del gobernador que está próximo a cumplir 80 años. En los medios locales, son pan de cada día las denuncias por la presunta injerencia de su familia en el gobierno. En este caso, a diferencia de los de Garzón, Petro y Terán, la información ha sido manejada con tal sigilo que hoy los sucreños ignoran la situación real de su mandatario. Según las leyes colombianas los datos específicos de la historia clínica son del círculo íntimo del paciente. El problema es que los gobernantes dejan de ser simples ciudadanos para tomar decisiones que afectan a muchas personas y encarnan la institución que lideran. Así queda definida la disyuntiva: ¿cómo conciliar el derecho de los electores a conocer el estado de salud del alto funcionario con el derecho de estos a su privacidad? Probablemente algo de historia arroje luz sobre lo que está en juego. Un caso emblemático fue el de Franklin D. Roosevelt, en 1945, quien al lado de Churchill y Stalin, participó de la cumbre de Yalta en la que se parceló el planeta y se definió un nuevo orden mundial. Hay indicios de que ni siquiera leyó con juicio los documentos que le entregaban sus asesores. Dos meses después falleció de una arteriosclerosis que había padecido durante varios años. Un certificado médico pudo haber cambiado la historia, pues quedó la sensación de que Stalin tuvo una ventaja gracias al disminuido estado de salud del presidente estadounidense. Otro mandatario gringo, Ronald Reagan, durante su gobierno tuvo olvidos y confundió nombres de países y lugares en público. Lo más probable, han dicho los especialistas, es que Reagan ya tenía síntomas de alzheimer durante su segundo mandato presidencial (1985-1989), pero la dolencia solo le fue diagnosticada años después. Para no ir muy lejos, en Colombia se mantuvo en secreto el estado real de salud de Virgilio Barco, quien al final de sus días, años después de haber salido de la Casa de Nariño, fue diagnosticado con la misma enfermedad de Reagan. Periodistas y exfuncionarios recuerdan que esa condición del mandatario era un secreto a voces, pero nadie hablaba de eso. En una ocasión -contó uno de sus médicos- comenzó a leer un discurso, pero cuando iba en la tercera página se le olvidó en donde iba. Entonces decidió terminar la ceremonia. Si bien esas anécdotas parecen inocentes, ha quedado para la historia la duda sobre si muchas decisiones claves de ese mandato fueron tomadas por asesores que nunca recibieron el voto popular.En los últimos meses el estado de salud de los mandatarios de América Latina ha estado en el foco de la opinión pública, en algunos casos con reservas y en otros con una actitud responsable. Por ejemplo, el verdadero estado del cáncer de Hugo Chávez se ha mantenido en un silencio inexplicable. Por esta razón, se ha difundido toda suerte de rumores sobre el avance y tipo de enfermedad del presidente venezolano. Un diagnóstico público permitiría a los electores tomar decisiones sin temores y seguramente alteraría el curso de la campaña presidencial que se adelanta. Por el contrario, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reveló su estado de salud a las tres semanas de que le hubieran diagnosticado un cáncer linfático. Con esa información en mente, los electores votaron por ella.Dentro de muy poco la legislación colombiana podría obligar a los mandatarios a certificar su estado de salud. Para el senador de La U, Juan Lozano, "los impedimentos físicos o mentales de los gobernantes deben ser declarados por un médico para salvaguardar el interés público". Lozano radicó ante el Congreso un proyecto de ley que tiene por objetivo someter a los altos cargos del Estado, a gobernadores, alcaldes y a la cúpula de las Fuerzas Militares a un examen médico anual que certifique que las personas en estos cargos son aptas para ejercerlos. La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y es muy probable que en menos de dos meses salga de su trámite en la Cámara de Representantes. Sin embargo, no solo el estado de salud de los gobernantes es de interés público, también el de los candidatos. En Estados Unidos desde 1972, cuando el demócrata George McGovern se vio obligado a reemplazar a su fórmula vicepresidencial, Thomas Eagleton, pues se reveló que este había recibido tratamiento psiquiátrico con electrochoques, se convirtió en parte del juego democrático hacer pública la información sobre la salud de los candidatos presidenciales. En Colombia, en la pasada campaña presidencial Antanas Mockus, siguiendo el ejemplo gringo, contó, como nunca había sucedido, que tenía un comienzo de la enfermedad de Parkinson. Aunque esa confesión sirvió de munición a la guerra sucia contra él, su actitud demostró que estaba más interesado en el bien común que en el propio.Pero, todo tiene un límite. George Annas, un especialista en ética médica de la Universidad de Boston, ha argumentado en varias publicaciones que la única información sobre la salud de los candidatos que debe ser pública es la que indica "una probabilidad médica razonable de que un candidato presidencial no sobreviva el periodo de gobierno o no sea capaz de ejercer sus funciones mentales de manera razonable". Los historiadores han descubierto que algunos candidatos presidenciales y mandatarios engañaron a sus audiencias sobre su estado de salud y que las enfermedades que padecieron pudieron afectar negativamente su capacidad para ejercer sus funciones. Pasaron décadas antes de que los historiadores confirmaran la precaria condición en la que gobernó el mítico presidente estadounidense John F. Kennedy y los fuertes medicamentos que debió tomar. La falta de información sobre la salud de los gobernantes podría generar vacíos de poder, usurpación por círculos íntimos o un mal gobierno. En cualquier caso se debilita la democracia. Ante lo que está en juego para un país, departamento o ciudad, este es un tabú que se debe desmontar.