Cada día trae su afán, y más en tiempos como estos. Por eso, no cayeron bien las declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre una nueva reforma tributaria en medio de la crisis. Ni siquiera en la Casa de Nariño. El propio presidente Iván Duque desautorizó el anuncio: “Este no es momento para adentrarse en reformas tributarias, porque justamente en estas circunstancias, cuando se le afectan los ingresos a las familias, cuando se le afectan los ingresos a las mipymes, pensar en cómo aumentamos los ingresos por vía tributaria no solamente es inconveniente, sino que es inviable”. Cada cierto tiempo el ministro Carrasquilla sorprende por sus declaraciones a veces políticamente incorrectas, pero necesarias. Algunos piensan que cometió un error de cálculo por el momento que atraviesa el país. Otros lo consideran una movida para tantear el ambiente. Y unos más piensan que, incluso, trató de enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados y las calificadoras en épocas de endeudamiento.

Buscar recursos para paliar los problemas de las golpeadas cuentas fiscales será una tarea titánica en medio de la incertidumbre. No solo por el incremento en el gasto que la crisis genera, el déficit fiscal y el aumento de la deuda, sino también por la caída de los ingresos tributarios y del petróleo. De acuerdo con un análisis de Fedesarrollo, un mes de cuarentena puede costar hasta 68 billones de pesos, casi 7 puntos del PIB. Hace unas semanas estimaban un crecimiento, en el peor de los casos, de -0,4 por ciento para este año, pero con el paso de los días tuvieron que cambiarlo. Ya van en más de -2 por ciento, y eso en el mejor escenario.

No se puede hablar de reforma tributaria sin conocer la magnitud de los choques. Hay incertidumbre sobre la duración de la cuarentena, cómo rebotará la economía y las implicaciones fiscales. Las medidas para enfrentar la crisis costarán mucho y requerirán mayor espacio fiscal. Esta semana los miembros del Comité Consultivo de la Regla Fiscal se reunieron con el Gobierno para analizar la situación. El Ministerio de Hacienda planteó un crecimiento para 2020 de -1,6 por ciento, con lo cual la meta de déficit fiscal se ubicaría en 4,9 por ciento del PIB. No obstante, los miembros del comité pidieron una nueva reunión para considerar distintos escenarios ante la incertidumbre frente a un crecimiento que podría significar márgenes de error más amplios. Algunos analistas, como Bancolombia, consideran que le podrían permitir al Gobierno un déficit fiscal cercano al 5,3 por ciento del PIB para 2020, frente al del año pasado, que estuvo en 2,2 por ciento. Pero para otros podría incluso llegar a 6 por ciento. Para 2021 las cuentas fiscales no cuadraban, incluso antes de la pandemia. La caída del precio del petróleo golpeará al sector de hidrocarburos, y por menores dividendos, impuestos y regalías, los ingresos pueden reducirse en un punto del PIB, unos 10 billones de pesos. Además, ese año entra en vigor la reforma tributaria –ley de crecimiento económico– presentada por el Gobierno a finales del año pasado para corregir las fallas que encontró la Corte Constitucional en la norma de 2018. Trae beneficios, en especial para el sector empresarial, y el mayor crecimiento iba a compensar el menor recaudo. Aunque incluso en ese contexto y antes de la pandemia se estimaba un menor recaudo para el año entrante de entre 6 y 10 billones de pesos.

Hoy el escenario es más complicado: decrecimientos marcados para este año, muchas empresas en dificultades financieras y sectores que tardarán en regresar a los mercados. Por eso, en el futuro cercano nada podrá evitar que el país discuta una reforma tributaria. Para Juan Andrés Palacio, socio de la firma legal Lewin & Wills, todavía nadie ha entendido el tamaño del hueco, y mientras persista esa situación, el Gobierno no podrá tomar medidas definitivas. Varios coinciden con él. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, considera que “el reto fiscal va a ser muy grande, y vamos a tener que echar mano de todas las herramientas disponibles”. Sin embargo, no cree que la reforma sea posible hasta no tener certeza de la magnitud de los choques. “Hay mucha incertidumbre sobre la duración de la cuarentena, qué tan rápido va a rebotar la economía, y eso tiene implicaciones fiscales. La discusión de la reforma se va a dar el año entrante, excepto temas puntuales que se pudieran hacer muy rápidamente para revertir algunas de las decisiones de la reforma del año pasado”, dice.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo Por su parte, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, considera que va a haber una discusión muy compleja, pues los colombianos van a estar muy golpeados y será difícil convencerlos de contribuir más. “Para que Colombia logre mantener la credibilidad –señala– de un país conservador y con un manejo adecuado de la macroeconomía, hay que hacer ese esfuerzo o vamos a tener una deuda muy alta, y cualquier otro choque haría que fuera insostenible y podríamos caer en un torbellino fiscal”. El área de investigaciones de Corficolombiana proyectó un aumento de la deuda bruta del Gobierno nacional central (GNC) por encima de 57 por ciento del PIB, y cercana a 60 por ciento en 2020. En 2019 era de 51,6 por ciento. ¿Contrarreforma? Los caminos conducen a una ‘contrarreforma’ frente a la que presentó el propio Gobierno el año pasado. Por ejemplo, dos decisiones ya están en la mira para revisarlas. Una, el descuento del impuesto de industria y comercio contra el de renta. “Es muy costoso: equivale a 0,6 por ciento del PIB, que para el próximo año se estimaba entre 6 y 7 billones de pesos al año”, dice Mejía, uno de los críticos de esta medida.

Y la otra, clave en tiempos de crecimiento económico, es el descuento tributario por importación de bienes de capital, es decir, el IVA descontable de la renta. Eso vale entre 6 y 10 billones de pesos. “Podría no desmontarse permanentemente, pero sí diferir su entrada en vigencia”, dice Palacios. Pero eso no es suficiente. Para López, la reforma tiene que hacer un impuesto de renta con tasas marginales más altas y reducir el umbral mínimo en que se empieza a pagar renta. No obstante, reconoce que no será fácil porque es un tema muy sensible.

José Igancio López, director de Investigaciones de Corficolombiana Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, advierte su temor porque una reforma tributaria vuelva sobre lo mismo: que paguen los que han pagado siempre. “En Colombia tenemos una enorme inercia de caerle a los que están en la red, y la red tiene poca gente”, explica. Según él, existen sectores de la economía donde hay evasiones masivas, como los arrendamientos, que se pagan en gran parte en efectivo en un ramo que guarda riqueza y tributa menos. Así mismo, actividades de las empresas que llevan muchos gastos y en realidad son dividendos, como los pagos de las fincas, los vehículos o celulares, que asumen las sociedades. Y eso también es evasión. Mejía no ve espacio para aumentar tarifas de renta: “Sería un error. Es como cazar en el zoológico. A los que pagan hoy impuestos, subirles la tarifa no tiene mucho sentido. Me iría más por la idea de no tocar tarifas, pero sí revisar sustancialmente exenciones y asegurarse de que las empresas paguen lo que les corresponda”.

La otra decisión está en los impuestos indirectos, como el IVA. Algunos consideran que sería una oportunidad para que Carrasquilla vuelva a su iniciativa original de 2018: un IVA generalizado y la devolución a los más pobres, como ya se está haciendo. Sin embargo, preocupa que una medida en este sentido golpee el consumo, en momentos de una economía frágil. Pero sí puede avanzar en eliminar exenciones, que, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, solo las del IVA valen más de 6 por ciento del PIB. Los tiempos también juegan. Si la reforma incluye cambios y ajustes en renta, solo puede entrar en vigor al año siguiente de su aprobación. Para el caso del IVA su aplicación es inmediata. El ministro Carrasquilla tiró el anzuelo y puso sobre la mesa uno de los temas más controvertidos y frecuentes del país, pues hay una reforma tributaria cada 18 meses. Esta en particular deberá representar la vacuna para el contagio fiscal.