El 17 de diciembre de 2010, mientras los habitantes de Gramalote se preparaban para celebrar la novena navideña, un fuerte movimiento de tierra cambió para siempre la historia de este municipio de Norte de Santander. Las lluvias hicieron que el Cerro de la Cruz se deslizara, llevándose con él los techos y bienes de aproximadamente 1.205 familias que tuvieron que buscar refugio en Cúcuta, poblaciones cercanas o campamentos y viviendas improvisadas. Afortunadamente no hubo víctimas fatales. Al poco tiempo, el presidente Juan Manuel Santos visitó el sitio y se comprometió a reconstruir el municipio en condiciones aún mejores que las que tenían.Desde entonces, el sueño de reconstruir el municipio se fue postergando entre desacuerdos y desafíos técnicos. En un principio Colombia Humanitaria, con recursos del Fondo de Calamidades, coordinó la reconstrucción. Los ministerios de Vivienda y Ambiente lideraron una Comisión Intersectorial que no logró mayores avances en el trabajo de identificar los predios para el nuevo municipio. Reasentar cualquier población es muy complejo y hacerlo con el peso de un compromiso irrestricto por parte del presidente lo fue aún más. Las expectativas eran muy altas.Dos años después del desastre, en abril de 2012, el gobierno creó la Mesa de Trabajo para la Reconstrucción de Gramalote, integrada por el Fondo Adaptación y las autoridades locales. A pesar de la gigantesca inversión proyectada –alrededor de 400.000 millones de pesos– y de que los diseños y estudios han sido muy exigentes, existe un clima de inconformidad. (Vea: Un tesoro natural de Santander amenazado por la minería)La entidad seleccionada para la reconstrucción fue Servivienda, una fundación creada en Bogotá en 1976 por la Compañía de Jesús. Su primera recomendación, con base en los deseos de la comunidad, fue que el Nuevo Gramalote se levantara en la vereda Pomarroso. Esa sugerencia enfrentó retos técnicos, pues según expertos, presentaba niveles de riesgo similares al viejo Gramalote. De mayor gravedad fueron los indicios de conflicto de intereses, pues gran parte de los predios eran propiedad de la familia del alcalde del municipio, José Tarcisio Celis Rincón.En su lugar, el Fondo Adaptación propuso el predio de Miraflores. A pesar de que esta entidad se apoyó en estudios del Servicio Geológico Colombiano y la Sociedad Colombiana de Geotecnia, algunos habitantes alegaron que esos terrenos eran inestables y que construir allí implicaría perder una millonaria inversión en reforestación y cuidado de fuentes de agua que se hizo en esa zona. Según el fondo, los predios donde se construye actualmente no son los que han sido objeto de reforestación. De hecho, las gestiones de la entidad condujeron a que el Ministerio de Ambiente declarara una reserva en las zonas abastecedoras del acueducto del nuevo pueblo.La adquisición de los predios en Miraflores fue otro motivo de inconformidad, pues algunos propietarios se negaron a vender según el avalúo hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En los casos donde no se logró una negociación, se cambió el trazo y cuando era imposible, el fondo recurrió a la expropiación administrativa para destrabar el proceso. Luego vino el problema para que algunos damnificados aceptaran los diseños y tamaño de las 1.000 casas que les serán entregadas.Han sido tantos los retrasos, que el propio vicepresidente Germán Vargas Lleras le llamó públicamente la atención al gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá. “En todo el país me han dado quejas de las demoras en las obras que están a cargo del fondo. Por eso le digo al gerente que se ponga las pilas, pues estos proyectos son fundamentales para el país”, afirmó Vargas durante la entrega de las primeras casas en Salgar, un pueblo cuya reconstrucción se ha realizado en tiempo récord.Aun así la comparación resulta un tanto injusta: Gramalote es un pueblo entero, con más de 1.000 viviendas, mientras que la reconstrucción de Salgar se da en un barrio de 278 viviendas, de las que ya se han entregado 48. Elegir el predio y asegurar su futuro dependió de cálculos delicados; la cercanía a las veredas en las cuales se desarrolla gran parte del trabajo productivo que garantiza la existencia del pueblo y las fuentes de agua fueron dos de las más complejas. Además, el predio elegido no tenía vías de acceso, el fondo y la Gobernación han unido fuerzas para construirlas.Iván Mustafá explica que “las obras de urbanismo realmente comenzaron en mayo de 2015, es decir, solo llevamos 15 meses construyendo un municipio completo. Aun así el avance hoy es superior al 58%. Todos hubiéramos querido que fuera más rápido, pero se requirieron más de tres años para escoger el lote de forma participativa con la comunidad, hacer los estudios de rigor y los diseños del municipio”.
Gramalote desapareció como consecuencia del fenómeno de La Niña de 2010. Reconstruir desde ceros un municipio, es uno de los retos más grandes que tiene hoy Colombia. El avance va en 58%. Las personas no beneficiadas con la reconstrucción del nuevo casco urbano sostienen que los trabajos los han afectado negativamente. Más de 80 familias de la parte baja del pueblo reciben agua contaminada con sedimentos de las obras y desechos producidos por los 800 trabajadores que laboran en ellas. “Se retiró la cobertura vegetal de aproximadamente 30 hectáreas de Miraflores, lo que permite que las lluvias arrastren la tierra hacia las bocatomas y las nacientes de las quebradas”, explica un ingeniero de la zona que pidió la reserva de su nombre.José Tarcisio Celis, alcalde de Gramalote, confirma las afectaciones a las fuentes hídricas y afirma que “en el pueblo tampoco sabemos si el acueducto nuevo surtirá de agua a las familias que la recibían de las quebradas que prácticamente se secaron con la intervención”. Mustafá responde que todas las obras se han realizado con el seguimiento de la Corporación Autónoma (Corponor) y que la contaminación se debe a vertimientos provenientes de las fincas aledañas al proyecto.Asimismo, el gerente del fondo asegura que en Gramalote se construyó la planta de agua potable más moderna del departamento, que atenderá a todos los habitantes del casco urbano y a los que lleguen en los próximos 30 años. Sin embargo, todavía no está asegurado el acceso para las zonas rurales. “Ello deberá ser contemplado en el Plan Departamental de Agua y no es competencia de nuestra entidad”, afirma.El alcalde Celis también manifiesta su preocupación por obras como el colegio y el hospital, que debieron arrancar en enero y aún no comienzan. “Tenemos a los 300 alumnos del colegio recibiendo clase en Palestina, y eso implica transportes de ida y vuelta para esa población, además de otros gastos”, dice. Según Mustafá, la promesa del fondo fue contratar la construcción del colegio y el hospital en diciembre de 2015. “Ambos contratos se firmaron antes de acabar el año pasado. El compromiso siempre ha sido iniciar obras en 2016 y lo vamos a cumplir”, asegura.Gramalote vivió una tragedia natural que se ha prolongado por razones humanas. El debate por la ubicación del nuevo casco urbano, los precios de los terrenos, los ambiciosos diseños, el impacto ambiental de las obras, las necesidades de los pobladores y un largo etcétera han hecho que la reconstrucción se convierta en una espera que todavía nadie sabe cuándo terminará. La principal lección, bien aprendida ya en otros países, es que los reasentamientos nunca dejan satisfechas a todas las partes.