Para José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch (HRW), la Ley de Víctimas es “histórica”, pero su aplicación sólo dependerá de la capacidad del Estado de proteger a las víctimas y la preservación del orden público. Según Vivanco, las medidas de seguridad son una política del Gobierno que debe “examinarse”, pues calificó de “lamentable” el asesinato de cerca de una veintena de líderes de las víctimas en lo que llamó “zonas de alto riesgo”, que son las mismas que en el pasado estuvieron dominadas por grupos ilegales. El director para América de HRW calificó a las llamadas bandas criminales ‘bacrim’, al igual que a la guerrilla, como uno de los principales obstáculos para la implementación de esta ley y para la reforma agraria que el actual Gobierno pretende impulsar. Vivanco calificó a las ‘bacrim’ como sucesoras del paramilitarismo, pues tienen “vínculos similares” con el narcotráfico y sus principales líderes “tenían relación con las desmovilizadas AUC”. También aseguró que las ‘bacrim’, desde su perspectiva, actúan en las mismas zonas de las AUC y tienen “similar capacidad” para permear las instituciones del Estado y sectores políticos. En sus observaciones, trasladadas en una reunión con el ministro de Interior Germán Vargas Lleras, pidió “actitud y políticas más eficaces de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad”. Vivanco, en su apretada agenda, también se reunió con la fiscal general Viviane Morales, a quien le reconoció sus recientes decisiones en temas como el de las ‘chuzadas’ del DAS, un episodio que calificó “de la mayor gravedad”.