Así lo determinó la Sección Tercera del Tribunal. El Alto Tribunal argumentó que "no es admisible que miembros activos del Estado encuentren justificación para actuar como ‘agentes provocadores’ y como ‘agentes de ejecución extrajudicial’, con miras a mostrar resultados en relación con el conflicto interno que vive el país". El fallo del Tribunal sentó esa nueva jurisprudencia tras una demanda interpuesta por el Ministerio de Defensa para que tres integrantes del Ejército pagaran el valor de una reparación a los familiares de seis campesinos de Antioquia, asesinados hace más de 23 años. El fallo del Consejo de Estado también llama la atención al Gobierno para que brinde todas las garantías para que los castigos por estos hechos sean ejemplarizantes y no se vuelvan a presentar las ejecuciones de civiles.