Unos 12 mil indígenas marchan este martes desde Piendamó (Cauca) hacia Cali (Valle), en una jornada más de su manifestación, que ya suma 10 días. La marcha inició hacia las ocho de la mañana desde varias localidades del departamento del Cauca. Del municipio de Piendamó, epicentro de la concentración, salieron al rededor de 8.000 indígenas escoltados por una guardia de la Policía de Carreteras. Hasta el mediodía de hoy la movilización de daba de forma pacífica y sin bloqueos en las vías. Los indígenas avanzan por uno de los carriles de la vía Panamericana. El otro carril está habilitado para el tráfico. "Sobre la vía nos está esperando una gran población que se unirá. Cualquier situación la coordinará y controlará la guardia indígena", dijo Feliciano Valencia mieembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). El líder espera que a ellos se sumen miles de indígenas más de otros rincones del departamento. La marcha partió con una muchedumbre de hombres, mujeres y niños, y a la cabeza algunos de los manifestantes portaron dos cajones, como si fueran ataúdes, para simbolizar la muertes de indígenas. En un consejo extraordianrio de seguridad en la Alcaldía de Cali se decidió establecer la ley seca a partir del viernes y hasta el lunes siguiente, así como la restricción a la circulación de parrileros, cilíndros de gas y porte de armas.La protesta se originó en gran parte por que el gobierno prometió entregarles cientos de hectáreas de tierras en el sur del país y, según los indígenas, no ha cumplido. Pero, de acuerdo con Alcibíades Calambas, uno de los voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), “Nuestras protestas empezaron por un problema de tierras, pero han ido surgiendo otros temas que nos hacen protestar por el respeto a los derechos humanos y por la reivindicación del movimiento indígena”. En respuesta a las demandas de los indígenas, el fin de semana el presidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los funcionarios del gobierno, en particular al Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, acelerar la compra de tierras para las comunidades indígenas, de tal manera que se honren los compromisos adquiridos en tal sentido por anteriores administraciones. Según Uribe, el Estado ha cumplido con algunos de sus compromisos con los indígenas. Sus cuentas hablan de la compra de 16 mil 539 hectáreas por 33 mil millones, “superando dificultades presupuestales”. Y de que en el Cauca los indígenas han recibido, en total, 188 mil hectáreas de tierras, de las cuales 154 mil 400 son cultivables. ¿Qué hay detrás de la movilización indígena? Pero los indígenas tienen más razones de fondo para manifestarse. La primera, y más grave, es que quieren denunciar que están siendo exterminados. En su base de datos, la Onic ha registrado 1.240 muertes desde 2002. Sin embargo las cifras muestran una mejoría notable de la situación hasta 2007: mientras en 2002 la Onic reportó 426 indígenas asesinados, en 2007 el número bajó a 44. La preocupación ahora es que en lo que va de 2008 los casos volvieron a subir y van en 66 indígenas asesinados. También les preocupa que varios de los 102 pueblos indígenas que tiene Colombia están en peligro de desaparecer. A 18 les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100. En Colombia la Onic reconoce que existen 1.378.884 indigenas. Muchos resguardos tienen la fortuna de habitar en tierras ricas en recursos naturales y en zonas estratégicas para salir al mar, zonas de frontera o corredores que conectan unas regiones a otras. Pero esa fortuna es parte de la razón de sus desdichas. Muchos intereses están tras sus territorios, que para ellos tienen un mayor valor cultural que económico. Los narcotraficantes y grupos armados quieren cultivar coca y transportarla por las tierras donde están los indígenas y quieren entrar por ellas sus armas de contrabando. Los empresarios y multinacionales quieren explotar sus recursos, cultivar palma o construir vías en esas tierras. El gobierno, por su parte, ha mostrado su incondicional apoyo a las inversiones, a tal punto, de crear normas como el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas y el Código Minero que “optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial”, según los indígenas manifestantes. Esas normas, según los líderes indígenas, desconocen la consulta previa para conocer sus puntos de vista sobre el uso que se les dará a los suelos. Ese es un derecho que les otorgó la propia Constitución Política en su artículo 120, cuando dice que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”. La ocupación de sus suelos ha hecho que 53.885 indígenas hayan dejado sus tierras durante los últimos seis años, según datos de varias ONG y organismos humanitarios. El derecho a la vida y a la tierra que tanto reclaman los indígenas colombianos son dos de los tantos derechos proclamados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007. Lo más desconcertante es que el único país latinoamericano que no la firmó fue Colombia. Fuera de eso, según Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, los indígenas han suscrito acuerdos con el gobierno para tener ayudas en salud, tierras, infraestructura, alimentación y derechos humanos, pero jamás se han cumplido. En busca de solucionesPara resolver eso problemas tan ancestrales como sus culturas, los indígenas proponen reunirse directamente con el presidente Uribe y con nadie más. Incluso, Berito Cobaría, líder de los u’wa, en Cauca, dijo que si el presidente no iba a donde están los indígenas, ellos viajarían hasta Bogotá. Según los líderes indígenas, el Presidente también les debe la explicación de por qué los sindica a menudo de ser integrantes de grupos guerrilleros. La movilización indígena puede tomar proporciones mayores, en parte porque coincide con un momento de gran agitación social en todo el país y en muchos sectores. Los indígenas han recibido recientemente el apoyo de varias organizaciones sociales. Entre ellas, está la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que el pasado jueves, durante una reunión con el presidente Uribe, reclamó por un diálogo con los indígenas y no un tratamiento bélico. Para este 23 de octubre, la CUT tiene planeado un paro nacional, entre otras cosas, para apoyar la manifestación indígena. La movilización (y los enfrentamientos) ya han llamado la atención de la comunidad internacional. En la mañana del pasado martes, se reunieron funcionarios de las embajadas de Canadá, Suecia, Estados Unidos y España con organismos humanitarios para enviar una comisión de Naciones Unidas desde este jueves a donde se están haciendo las protestas. La idea es verificar que no haya abusos de fuerza por parte de la fuerza pública y que ayuden a mediar en el conflicto que, por ahora, gobierno e indígenas no han podido resolver.