Desde el Gobierno del presidente Iván Duque han llovido críticas las Naciones Unidas. La situación es tan tensa que desde el partido de Gobierno empiezan a pedirle al presidente que incluso cierre la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se lo pidió el senador Ernesto Macías porque considera que este es una "guarida politiquera con sesgo ideológico pasional". ¿Qué hay detrás de la guerra fría entre el Gobierno y la ONU? Sobre esto debatieron en Semana en Vivo los representantes a la Cámara Edward Rodríguez (Centro Democrático) y Juanita Goebertus (Verde), junto al senador Roy Barreras, el abogado Iván Cancino y la periodista de SEMANA Camila Restrepo. Para el senador Barreras existe un doble rasero del partido de gobierno, el Centro Democrático, porque defiende y respeta los informes de la ONU cuando estos "defienden a Andrés Felipe Arias" o acusan a la dictadura de Nicolás Maduro, "pero si el informe señala (al Gobierno Duque ) que es insuficiente para parar la matanza entonces es una guarida de izquierdosos”.
Por eso, considera que la situación se asemeja a un partido de fútbol, en el que el Gobierno pide que se cambie el árbitro cuando comete una falla. El abogado penalista Iván Cancino, usando la misma idea, aseguró que la ONU es como “es un árbitro que ante la misma jugada a un equipo le saca roja y a otro no le saca ni la lengua”. Cancino considera que la ONU en su informe no “le encuentra ningún defecto a la JEP”, mientras que sí se va lanza en ristre contra el Esmad. “Decir que el Esmad tiene tanta investigaciones por maltrato… no lo debe postular como si ya tuviera la razón en violar esa presunción de inocencia”, aseguró.
Además, sobre el reemplazo de Alberto Brunori, representante en Colombia de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, que el Gobierno no avaló, Cancino asegura que el Gobierno está en todo su derecho de hacerlo si “no le gusta el reemplazo” no lo puede “obligar”. Y le parece apenas lógico que el Gobierno quiera terminar relaciones con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos si está buscando acercamientos con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), adscrita a la OEA. La representante Goebertus considera que “sacar a la ONU sería un error terrible” porque no solo es un árbitro, sino que también da datos importantes. Por ejemplo, explica Goebertus, el asesinato de defensoras de derechos humanos aumentó un 66 por ciento de 2018 a 2019. Pero lo más grave es que “si uno compara mes a mes enero de 2016 a 2020 el incremento de 2020 es de 280 por ciento, la situación de enero 2020 es dramática y el informe no lo toca”. Además, para la representante, lo que ocurrió con el informe sobre la situación de derechos humanos en el país es un elemento más que se suma a otros, como el “bloqueo a la llegada del relator de naciones unidas en la visita de remate para la verificación de la situación de defensores de derechos humanos; y la ausencia de un liderazgo de Gobierno para poder garantizar una negociación con Naciones Unidas para cumplir un elemento del acuerdo de paz que es monitorear el cumplimiento de las sanciones propias de quienes cumplen con el sistema”.
Sin duda, esta será una discusión que se seguirá dando en el país. Por que además, luego de conocerse el informe del relator de la oficina de derechos humanos Michel Forst, que presentará en Ginebra, el Gobierno envió un polémico informe a la Asamblea General en el que lo acusa de no tener rigurosidad. Lo cual abrió un nuevo capítulo. Vea el programa completo: