De ese número han sido liberadas 754 personas, es decir el 38 por ciento, que habían sido acusadas por delitos como rebelión, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, entre otros."Se presentaron violaciones de las garantías judiciales de los aprehendidos, ilegalidad de las capturas y detenciones sin previa orden", dice el informe y cita ejemplos concretos como el caso de la 'Operación Café' en Anserma y Ríosucio (Caldas).Allí se capturaron 95 personas de las cuales "51 fueron liberadas a petición del Ministerio Público por inexistencia de la orden de captura y 44 fueron vinculadas a la investigación". E indica que en este como en otros se abrió investigación disciplinaria contra el jefe castrense y el fiscal encargado.Casos similares, y que reporta el documento, se han llevado a cabo en Acevedo (Huila) donde fueron capturadas 42 personas y luego liberadas por orden de la Procuraduría. Y en Cajamarca (Tolima), donde 20 de 41 casos se hicieron de forma ilegal y ahora solo quedan siete personas detenidas.El informe de la Procuraduría coincide con las cifras divulgadas por varias Ong, la semana pasada, donde denuncian que cerca del 90 por ciento de las detenciones hechas por las autoridades son de forma ilegal.