La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se ha convertido en la canalizadora de las principales disputas. Aunque hay que decir que a ningún Gobierno, ni siquiera al de Juan Manuel Santos, le ha gustado la presencia de esta oficina en Colombia, nadie esperaba que el propio Duque lo dijera. El presidente aseguró que sentía que este organismo se estaba extralimitando en sus funciones y metiéndose en terrenos que no le corresponden. Dijo, por ejemplo, que cree que la ONU no debe pedirle al Estado restringir el uso del Ejército en la protesta, transformar el Esmad o que la Policía quede adscrita al Ministerio del Interior y no al de la Defensa, como recomendó el informe. Y en eso el presidente puede tener algo de razón. Pero el malestar tiene antecedentes importantes y quizás los más controversiales tienen que ver con uno relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No es secreto que este organismo creado en el marco del acuerdo es un ícono en el mundo, y goza de un fuerte respaldo de la ONU y de los países de la Unión Europea, que han girado cuantiosos recursos para ponerlo en marcha. Sin embargo, el Gobierno se mostró en desacuerdo con la posición que asumieron varios sectores internacionales cuando este decidió objetar la ley estatutaria de la JEP.
Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores.
Eso precisamente ocurrió con Brunori en 2019, cuando aseguró que “la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin más dilaciones, del proyecto de ley estatutaria de la JEP”. En esa oportunidad, el entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, le salió al paso a la declaración y le recordó que sus palabras se apartaban “de lo que fueron los términos de la conversación que sostuvimos con el secretario de las Naciones Unidas”, en el marco de una reunión que el alto funcionario del Gobierno había sostenido con la Misión de Verificación de la ONU. Cuatro grandes temas concentran la disputa del gobierno con el organismo. Uno ya escaló hasta Ginebra. La negociación del mandato de la oficina de derechos humanos el año pasado también está en el centro de la controversia. No hay un Gobierno, desde su instalación en el de Ernesto Samper, que no haya tratado de ponerle fecha de vencimiento a su permanencia en el país o limitar sus competencias. A Pastrana le incomodaba bastante. En el Gobierno Uribe, el vicepresidente Francisco Santos propuso suprimirla, y en el Gobierno de Santos, la canciller Ángela Holguín también sugirió ponerle fecha final a su presencia. Duque ha seguido esa línea y, hace un año, la Casa de Nariño trató de incluir varios cambios en la renovación. Aunque el tema parecía superado, SEMANA supo que el Gobierno no ha querido posesionar a la sucesora de Alberto Brunori, designada desde finales del año pasado. Mientras que la adminsitración Duque le insiste a Michelle Bachelet que le presente una terna para sacar un nombre, la expresidenta chilena no da su brazo a torcer y se paró en la raya porque no va a cambiar de opinión y mantiene el nombramiento de la peruana Tarcila Rivera Zea. Lea el reportaje completo sobre los detalles de la guerra fría entre el gobierno y la ONU