Según una información publicada por Caracol Radio, desde febrero del 2009 comenzaron las investigaciones de la Fiscalía sobre los fraudes cometidos por empresas en el cobro del IVA ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La investigación, que fue adelantada por la Fiscalía 40 especializada de la Unidad de Lavado de Activos, se abrió debido a las denuncias interpuestas en la Seccional de Impuestos de Medellín. Los resultados de dicha investigación fueron entregados en un informe presentado al entonces director de la DIAN, Néstor Díaz, por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera. Según el informe, en el 2010, la Policía entregó detalles a Díaz sobre nueve empresas ficticias que se dedicaban presuntamente al recobro del IVA. En la investigación se detalló de qué manera actuaba esa red de supuestas empresas exportadoras de chatarra. La Policía encontró que las empresas mandaban a hacer talonarios de facturación, incluso, tenían contabilidad pero no tenían sedes físicas. Cuando los funcionarios fueron a inspeccionar los establecimientos encontraron que las direcciones que aparecían en las documentaciones eran casas de familia. La Policía, según lo reportó Caracol Radio, entregó los nombres de 58 personas presuntamente responsables del desfalco. Los investigados actuaban con sumo cuidado, razón por la cual era muy difícil el hallazgo de pistas que y de inconsistencias en la documentación. Además, el informe da cuenta de que en varias de esas empresas figuraban el mismo contador, revisor fiscal o asesor tributario. El documento está firmado por el coronel Mario Hernando Torres Merchán. ¿Qué respondió Díaz? El exdirector de la DIAN Néstor Díaz, quien conoció de la investigación y el informe presentado por el coronel Torres, dijo que no sólo supo de este caso sino de “muchos otros”. Díaz aseguró que hizo “lo que la ley me permite hacer”. Acto seguido explicó que la información obtenida sobre los posibles fraudes se le entregó a la UIAF y a la Junta Central de Contadores para que corroboraran y comenzaran las investigaciones sobre las sospechas de fraude. Ante la pregunta de por qué si la investigación comenzó en el 2009 el proceso no arrojó resultados en su administración, dijo que “hubo diligencia porque se le entregó la información a los funcionarios competentes, eso era un proceso de comenzar a mirar los requisitos formales (revisar la información)”. En su criterio, “si en este momento hay una judicialización y hechos comprobados de que personas incurrieron en fraudes, eso es producto del accionar de la administración tributaria de mucho tiempo. Pero muchas empresas de papel se desmontaron antes”, dijo Díaz. “Toda investigación tiene su proceso. Cuando se detectaron las irregularidades se iniciaron las investigaciones. Eso no fue de la noche a la mañana que resucitó la información”, agregó. A la pregunta de si él dio a conocer al entonces presidente Álvaro Uribe y al ministro de Hacienda los hallazgos, respondió que sólo informó lo que le era permitido. “No era una parte específica pues el resultado hace parte una reserva. Nunca caí en el pecado de revelar la confidencialidad”, dijo. Y agregó que lo que sí podía confirmar era que ellos eran muy insistentes en que se “esos temas se adelantaran… con la debida prudencia”.