Terminó La luna de miel entre la opinión pública y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. El romance se enfrió hace un mes, cuando el periódico The Globe and Mail anunció que el gobernante presionó a la fiscal general y ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, para que cesara las investigaciones contra la constructora SNC-Lavalin. A la multinacional la acusan de sobornar por más de 36 millones de dólares a importantes funcionarios del régimen dictatorial libio de Muamar Gadafi para lograr contratos de obras públicas en 2011.

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Trudeau manifestó esta semana, ante la renuncia de la fiscal, que no hubo nada ilegal en hablar con ella para pedirle que tuviera en cuenta a los 90.000 trabajadores que afectaría su fallo. No obstante, varios opositores declararon “inapropiado” que el primer ministro utilice su jerarquía para influir en las decisiones que le competen únicamente a la fiscal. Un puesto que se caracteriza por su independencia de los otros poderes.

El líder del Partido Conservador, Andrew Scheer, insistió en que a Trudeau no le interesan los trabajadores que quedarían sin empleo, sino los votantes de Quebec. Se trata de una provincia ‘péndulo’ del Partido Liberal, que al ser la sede principal de la compañía y el foco del escándalo comienza a desfavorecer a Trudeau en su intención de voto. A solo ocho meses de las elecciones, el primer ministro pasó de ser uno de los dirigentes más queridos del mundo –por sus ideas progresistas e incluyentes en comparación con su vecino estadounidense– a revelar otras facetas de su gobierno que dificultan las posibilidades de un segundo periodo.

Andrew Scheer, líder del Partido Conservador de Canadá, pide la renuncia de Justin Trudeau debido a las presiones contra la fiscal.

Martine Valois, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal, concuerda en que, en este caso, no hay corrupción. Pero dice que “decepciona” que un primer ministro que prometió en campaña “justicia y transparencia” por encima de todo sea capaz de “empeñar su conciencia para ser reelegido” y “apoyar a una empresa cómplice de los negocios de un régimen corrupto en Medio Oriente”.

Los opositores de Trudeau añaden que su Gobierno ejerció tanta presión sobre la fiscal Wilson-Raybould que al ver que no estaba dispuesta a cerrar el caso le ofrecieron el Ministerio de Asuntos Veteranos, un cargo menor del gabinete. Para Valois, este escándalo alcanzó tal magnitud porque destapó otros hechos reprochables de clos que nadie se había enterado “debido al mito enceguecedor construido en torno al primer ministro. Internacionalmente, a nadie le importó que un mandatario que hizo de la protección medioambiental un lema comprara un oleoducto que llega hasta Alberta para fortalecer a la industria petrolera. Internacionalmente, a nadie le importó que el primer ministro que dijo defender a las comunidades indígenas se mantuvo indiferente ante las críticas que señalaban que ese oleoducto cruzaría territorios sagrados”.

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Así, debido a que la fiscal es indígena, estos temas volvieron a ponerse sobre la mesa y el ‘mito Trudeau’ comenzó a romperse. Para dificultarle más las cosas, la presidenta del Consejo del Tesoro de Canadá, Jane Philpott, renunció el lunes y dijo que no podía confiar en un partido que ponía sus intereses por encima del bien nacional.

Días antes, el consejero principal de Trudeau, Gerald Butts, dimitió del cargo debido a los señalamientos de la fiscal en su contra, en los que aseguró que Butts la llamó durante meses para disuadirla de continuar con la demanda contra SNC-Lavalin.

Algunos internacionalistas estiman que es probable que se produzca un efecto reflejo y que otros congresistas afines al primer ministro lo abandonen en su defensa y renuncien a sus cargos. Hasta ahora, Trudeau se disculpó por “actuar indebidamente” y dijo que “si pudiera devolver el tiempo, habría actuado diferente”.