La dura polémica que existe entre el secretario general de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, y la saliente directora del Sena, María Andrea Nieto, pasó este martes de los medios de comunicación y la esfera pública a hacer parte formal de los estrados judiciales del país.Las acusaciones de Nieto por posibles irregularidades contractuales en el Sena durante la administración de Prada (2014-2017) tendrán que ser ahora sustentadas ante la Fiscalía. La funcionaria visitó el búnker el martes para entregar las pruebas que soportan las acusaciones que ha hecho en contra del antiguo director de la entidad.Nieto aportó más de 100 folios ante el organismo investigador, que a su juicio, evidenciarían que el secretario de Palacio habría incurrido en posibles irregularidades que presuntamente comprometerían miles de millones de pesos de la entidad que dirigió. La funcionaria puso la lupa sobre 35 obras de infraestructura en sedes regionales, contratadas entre enero de 2014 y abril de 2017, o sea, el periodo de Prada al frente del Sena. El conjunto de la contratación cuestionada asciende a 287.671 millones de pesos y presenta problemas que van desde significativos retrasos en las obras, fallas en la interventoría, anticipos irregulares hasta presupuestos desbordados. En suma, una serie de cuestionamientos que lo dejan muy mal parado.La documentación dejada este martes en el búnker de la Fiscalía, durante una diligencia judicial de entrevista, es la misma que Nieto ya le había entregado a la Procuraduría pidiendo que se procesara la supuesta actividad irregular que Prada habría permitido y ejecutado en el Sena.Lo que ha sostenido Nieto es que Prada –su antecesor en el cargo– quiso presionarla desde que se posesionó en la entidad y, supuestamente a través de varios allegados suyos, habría querido coaccionarla para continuar con las presuntas irregularidades contractuales y, además, continuar con el manejo de una de las principales entidades de país. María Andrea Nieto es asesorada jurídicamente por la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, dirigida por el abogado Abelardo de la Espriella. Para el caso en particular ante la Fiscalía la acompañó la abogada Karen Juris. “Los manejos poco claros de Prada en el Sena apestan, esperamos que la Fiscalía aclare esta situación”, le dijo a SEMANA el abogado De la Espriella.Durante la diligencia de este martes, Nieto aseguró –entre otras cosas– que encontró supuestas irregularidades en la contratación de un programa TIC por varios miles de millones de pesos, en especial en lo referente a la licitación. Además, habló de posibles estructuraciones irregulares de los contratos relacionados con las aulas de formación en el Sena. Y contó que por un caso específico en Barranquilla fue demandada por un funcionario de esa regional, acusándola de presunto acoso laboral.“Todos los documentos que se entregaron a la Procuraduría están ahora en manos de la Fiscalía”, precisó Nieto a la salida de su diligencia.Este caso ha generado una dura polémica, no solo a nivel jurídico sino también político, pues para varios sectores el escándalo golpea la imagen y el margen de maniobra de Prada, quien desde la Secretaría General de la Casa de Nariño es clave para, entre otros temas, el avance legislativo de la paz en el Congreso.El secretario general de Palacio respondió a las acusaciones de Nieto en una entrevista a SEMANA. En esta asegura que está “ejerciendo una de las responsabilidades más complejas dentro del Estado. No tengo interés, tiempo ni paciencia para estar pendiente de estos temas menores. Hace 7 meses dejé el cargo y no tengo idea de que pasa en la nómina del Sena”.Sobre los señalamientos de Nieto respecto a que en la entidad había personas que seguían reportándole solo a él, Prada aseguró que “la nómina del Sena era de casi 7.000 trabajadores y 30.000 contratistas. Es una de las entidades más grandes del país, seguramente personas nombradas por mí aún trabajan allá… La respuesta es que nadie me reporta directamente, y no conozco un funcionario en el Sena que me reporte a mí directamente sus tareas”.Sin embargo, la polvareda que han levantado las denuncias de Nieto –y las mismas explicaciones que ha dado Prada– han debilitado la maniobrabilidad del secretario de Palacio e, incluso, se ha comenzado a ventilar la posibilidad de que renuncie al cargo.Él siempre ha negado los señalamientos y hasta ha contado, hasta ahora, con el respaldo del presidente Juan Manuel Santos, pero la realidad política que envuelve el caso podría cambiar ese panorama. Más allá del rifirrafe, el momento político complica las cosas. Prada es una figura clave en el gobierno. Y no solo por el cargo que desempeña, sino por su papel como interlocutor con el Congreso en un punto crucial para la agenda legislativa. El Gobierno, con el desgaste a cuestas propio del último año, tiene que sacar adelante la compleja agenda de los proyectos que implementan los acuerdos de paz. Un paquete difícil de vender, pues los congresistas no quieren asumir costos políticos en épocas de campaña. Y asuntos como la JEP y la participación en política de los miembros de la Farc polarizan y son bien utilizados por la oposición. La dupla de Prada y el nuevo ministro del Interior, Guillermo Rivera, tiene la responsabilidad de salvar el proyecto fundamental del Gobierno Santos. Hasta el momento, el papel de Prada ha resultado eficaz: los congresistas lo ven como un interlocutor confiable.Como señaló un reciente artículo de esta revista, lo que al principio parecía un enfrentamiento normal en la burocracia creció y lo puso contra las cuerdas frente a los mecanismos de control y ahora probablemente frente a la Fiscalía. De hecho, la defensa de María Andrea Nieto hizo saber que Santos, antes de declararla insubsistente, la habría recibido en su oficina en Palacio para escuchar sus señalamientos contra Prada. No obstante, esta cita aún no ha sido confirmada o negada por el Gobierno.Ahora la Fiscalía deberá decidir si formaliza una investigación penal por estas acusaciones, lo que dejaría aún más debilitado a Prada; o si, por el contrario, cierra definitivamente el caso y así le da un respiro –en términos políticos y jurídicos– al secretario general de la Casa de Nariño.