La decisión de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria al senador Álvaro Uribe genera una enorme polémica nacional que politiza la justicia, polariza aún más al país y personaliza una tarea que Colombia está en mora de acometer. Nada de esto contribuye a pensar y sacar adelante las reformas de fondo urgentes y necesarias para mejorar el acceso a la justicia de 50 millones de colombianos y por esa vía aumentar la confianza ciudadana en nuestro aparato de justicia. Ignoro por completo si Uribe es o no responsable de lo que se le acusa y desconozco las razones por las cuales la sala determinó que debe esperar su juicio privado de la libertad. Entiendo que es una medida dura contra un líder político en ejercicio. Más importante aún, el senador, como cualquier ciudadano, debe tener plenas garantías procesales para su defensa y deberá ser vencido en juicio. También debe poder impugnar la medida de aseguramiento. Pero todo esto es parte del funcionamiento de la justicia, y el escenario para hacerlo es ante los tribunales. Sin embargo, la decisión sobre el caso de soborno y fraude procesal contra Uribe fue recibida por sus copartidarios y seguidores con una andanada de violencia verbal que busca socavar la legitimidad y la autonomía de las decisiones judiciales. Aducen razones políticas y la existencia de un complot de incalculables dimensiones contra el exmandatario. Todo lo anterior sin ninguna prueba. Buscan cuestionarla haciendo comparaciones que no son a lugar con fallos, procesos y jurisdicciones distintas, incluyendo la Justicia Especial de Paz. Esa misma estrategia fue utilizada en el pasado por Gustavo Petro, para atacar las decisiones que lo apartaron de la Alcaldía de Bogotá. En ambos casos –en todos los casos— la idea de deslegitimar la justicia prestándole supuestos intereses políticos partidistas no le hace bien al país ni a las instituciones que los líderes políticos dicen defender y sobre cuyas bases se sostiene nuestra maltrecha democracia y nuestro frágil Estado de derecho. Esta politización es la otra cara de la moneda de la judicialización de la política. Se ha vuelto costumbre ver a responsables políticos de todas las tendencias amenazar y presentar demandas judiciales contra sus adversarios, instrumentalizando a los jueces para alimentar el fuego de sus confrontaciones políticas. Y así como la arena política no es el lugar para adelantar los debates judiciales, tampoco son los juzgados y salas de audiencia el sitio para resolver las pugnas ideológicas partidistas. Lo más preocupante de todo lo anterior, más allá del calor de la polémica del día o la semana, es que la urgente e imperiosa reforma a la justicia caiga presa de esa polarización y el debate alrededor de los cambios necesarios quede sumergido en la agenda partidista de unos y otros, todos buscando jalar la cobija para su lado. La justicia está en crisis, pero no por cuenta de los casos Uribe o Petro. Lo está por la altísima tasa de impunidad de delitos (94 por ciento), desde los asesinatos (en particular de líderes sociales), pasando por los hurtos y otros delitos. Lo está por las demoras y el creciente número de expedientes represados. Como lo muestra el informe de la Contraloría revelado esta semana, 1.800.000 procesos se acumularon de 2018 a 2019. Este número subió a 1.900.000 de 2019 a 2020. O sea en vez de reducirse, se está aumentando la congestión judicial. Lo mismo constata la Corporación Excelencia en la Justicia, que señala que la congestión ha aumentado de 44 por ciento en 2010 a 52,5 por ciento en 2019. Y la mayor demora no está en lo penal, sino en los juzgados laborales y de familia. Sin contar que la avalancha de tutelas, en particular por temas de salud, no cesa. La reforma a la justicia que necesitan los colombianos no tiene nada que ver con las peleas políticas de nuestros dirigentes. Tiene que ver con eficacia, certeza y agilidad. Lo que se requiere es poder saber que, si por alguna razón el ciudadano debe acudir a la justicia, desde los casos más graves a los más sencillos, tendrá una respuesta sólida y rápida. Para ello se requieren más recursos, más tecnología, más administración gerencial. También faltan más jueces. La Ocde recomienda que haya 65 jueces por cada 100.000 habitantes. En Colombia hay menos de 11. La digitalización de la justicia es una forma eficaz de hacer pasar la justicia de la mula al jet. En Panamá, por ejemplo, aún antes de la pandemia, los acusados privados de la libertad asisten a sus audiencias vía teleconferencia, resolviendo así los problemas de traslado de los presos y los riesgos de fuga. En Colombia se han dado algunos pasos en ese sentido. En la pandemia se habilitó la posibilidad de presentar tutelas por correo electrónico, un cambio pequeño y sencillo que hace mucho por acercar y facilitar el acceso ciudadano a la justicia. Tener archivos digitales de los procesos y abandonar los arrumes de papeles, haría más fácil su consulta. También facilitaría las consultas de la jurisprudencia, haciendo mucho más rápida la unificación de sentencias. Eso agilizaría la decisión sobre casos que se repiten una y otra vez, como sucede en materia de tutelas de salud y pensiones por ejemplo, lo cual daría consistencia y predictibilidad a la aplicación de justicia. Estos son los temas de los cuales deberían ocuparse los políticos, pero en la vorágine de pasiones que alimenta la polarización, es bien probable que las verdaderas soluciones queden nuevamente aplazadas en favor de debates ideológicos sobre la política en la justicia, cortes únicas y constituyentes. Lamentable.