Cuando los guerrilleros del ELN liberaron a Antonio Rosales cerca de la población de Montes de María el pasado 15 de mayo, éste nunca se imaginó que el drama y la angustia del secuestro que vivió durante 19 días no terminaban ese día sino que apenas comenzaban. Al tiempo que Rosales era liberado los subversivos del frente Jaime Bateman se llevaban a su esposa, Elvira Chimá, luego de que ella se ofreciera a los insurgentes en cautiverio para salvar a su esposo, quien tenía graves problemas de salud y no podía caminar por las múltiples heridas en los pies que le dejaron las extenuantes jornadas descalzo y en cautiverio por las montañas del sur de Bolívar. Rosales, de 50 años, gerente del Banco de Bogotá en Carmen de Bolívar, fue entregado por los guerrilleros a miembros de la Cruz Roja que lo trasladaron de urgencia a la clínica Santa María de Sincelejo. Su esposa, profesora de la escuela Anexa a la Normal de esa ciudad y con quien Rosales se casó hace 30 años, no sólo logró con su entrega la liberación de su marido sino que evitó al mismo tiempo que alguno de sus cuatro hijos tuviera que irse con los plagiarios. "Esa es la mayor muestra de amor de Elvira", dijo Rosales a SEMANA después de haber sido dado de alta y mientras se recupera cerca de sus hijos y amigos en una sencilla vivienda del centro de la capital sucreña. La espera de noticias de su esposa se ha convertido en un drama para el funcionario de la entidad bancaria. El grupo subversivo que la tiene retenida no le ha hecho aún ninguna exigencia a Rosales para dejarla en libertad. Lo único que sabe hasta el momento es que los dos funcionarios del CTI que fueron secuestrados junto a él en una pesca milagrosa hace casi un mes fueron dejados en libertad la semana pasada. No obstante lo anterior, las autoridades que conocen el caso señalaron a SEMANA que desde hace varios meses los guerrilleros vienen utilizando una nueva modalidad para el cobro de los rescates. Ahora pretenden que las empresas sean las que paguen. "En el caso de la familia Rosales todo apunta a que los guerrilleros pretenden que el Banco de Bogotá pague el rescate de la señora", dijo a SEMANA un investigador del caso que pidió no ser identificado. Sin embargo una funcionaria del Banco de Bogotá en Sincelejo señaló a SEMANA que desconoce si esa entidad ha recibido alguna exigencia por parte del ELN para que corra con el pago del rescate de la esposa de Rosales. Pero lo cierto es que Rosales no tiene fortuna personal. Su familia vive apenas con el salario que devenga de su condición de empleado bancario. Hasta el momento no son comunes los casos en que el secuestro es utilizado de manera indiscriminada contra empleados de modestos recursos para extorsionar a las empresas donde éstos trabajan. Y aunque generalmente tanto las familias como las propias entidades lo niegan _ante la incapacidad de acceder a las demandas económicas y por el peligro que representa para los plagiados_, este nuevo invento de la macabra industria del secuestro preocupa cada vez más a los organismos de seguridad. El único antecedente conocido de este tipo de cobro de rescates es el mecanismo utilizado sobre todo por el ELN para extorsionar a las multinacionales que operan en el país, mediante el secuestro selectivo de altos ejecutivos y empleados extranjeros. Esto llevó en su momento a que importantes compañías adquirieran seguros millonarios contra secuestro que cubren el pago de un eventual plagio de sus principales directivos. Desde que en Colombia se inició la aberrante práctica del secuestro las técnicas de la guerrilla y la delincuencia organizada han avanzado casi a la par con los métodos de las autoridades para impedirla. Mientras que entre 1986 y 1992 la subversión podía invertir hasta tres meses y 10 millones de pesos para planear y ejecutar un secuestro, hoy en día se hacen al azar y sin importar la condición económica de sus víctimas. En algunos casos se realizan retenciones relámpago para desocupar las cuentas bancarias de los afectados y en otros las familias pueden pagar hasta tres veces el precio del rescate cuando la víctima ya ha sido asesinada por los plagiarios. Rosales, quien ha trabajado en diferentes sucursales de esa entidad bancaria en la Costa Atlántica desde hace 31 años, señaló que los plagiarios nunca le hicieron exigencias económicas durante su cautiverio y desconoce las razones por las cuales, a pesar de que liberaron a sus compañeros de retención, tienen aún a su esposa en su poder. Aunque por ahora se desconocen las pretensiones de los guerrilleros, lo cierto es que el secuestro de Elvira Chimá despertó un gran rechazo entre sus alumnos de cuarto de primaria y los habitantes de Sincelejo. El viernes pasado se realizó una marcha por las calles de la ciudad para protestar por el plagio de la maestra y para pedir su pronta liberación. "Que nos la devuelvan pronto, que cuiden de su salud y que se acuerden que es un ama de casa con cuatro hijos", es la petición de Rosales a los captores que lo mantuvieron retenido durante 19 días. Mientras le devuelven a su esposa espera recuperarse pronto para volver a su trabajo. No sabe cuándo lo hará, como tampoco sabe cuándo regresará Elvira. n Todo indica que el ELN pretende que el Banco de Bogotá pague el rescate de Elvira Chimá Crimen endémico Cientos de personas y familias colombianas continúan viviendo diariamente el drama y la angustia del secuestro. Los índices de ese delito se dispararon por las pescas milagrosas y las modalidades de los delincuentes no parecen tener límites. En los últimos cuatro años cerca de 5.000 personas han sido plagiadas y las autoridades han rescatado a 898. En el mismo lapso más de 1.700 secuestradores han sido capturados pero los índices parecen continuar en aumento. A manera de ejemplo, sólo en los primeros cinco meses de 1999 cerca de 600 civiles han sido secuestrados. En el momento más de 1.000 personas se encuentran privadas de la libertad. Esto incluye, apenas, los casos denunciados a las autoridades. Según cifras oficiales, 66,5 por ciento de los casos fueron ejecutados por la guerrilla, 19,6 por ciento por la delincuencia común, 1,3 por ciento por los paramilitares, mientras que en 22,6 por ciento de los casos no se conocen los autores.