Sería un error creer que las dificultades que se presentan con Ecuador por las fumigaciones en la frontera son el resultado de la distancia ideológica entre Rafael Correa y Álvaro Uribe.Habría que empezar por recordar que los Estados, en ejercicio de su soberanía, tienen el derecho de hacer en su territorio todo aquello que les plazca y pueden hacerlo sin consultar las opiniones de los vecinos. Las excepciones a esta norma general, en virtud de la cual se rigen las relaciones internacionales, son que el acto genere responsabilidad internacional para el Estado o constituya una violación a tratados vigentes. Puesto que no hay pacto que obligue a Colombia a no asperjar en las zonas de frontera, la única razón, a la luz del derecho internacional, por la cual habría un deber de suspender la fumigación sería porque con ella se causara un daño injustificado a un tercero y, en consecuencia, se generara responsabilidad. Ocurre que no hay pruebas de que con las fumigaciones se haya causado daño alguno a Ecuador, a pesar de las altisonantes declaraciones del canciller Carrión y del Presidente electo. Si las hubiera, Ecuador presentaría una reclamación diplomática a Colombia y en caso de quedar insatisfecho con nuestra respuesta, podría usar un mecanismo cualquiera de buenos oficios o acudir a los tribunales competentes. Sólo después de un fallo condenatorio en una corte internacional se podría exigir la suspensión de las fumigaciones y solicitar las correspondientes indemnizaciones. Quizá porque lo saben, en Quito han dicho que en caso de que Colombia no pare la aspersión, interpondrán una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Lo curioso es que la Comisión no es una corte internacional y nunca tendría competencia para el caso que nos ocupa. De manera que no cabe sino pensar que la alusión a ella no es sino un truco para embolatar incautos. Por ahí van los tiros. En efecto, la discusión sobre la fumigación en la frontera no es sobre violaciones al derecho internacional por parte de Colombia. En Quito saben que no hay tal. La polémica tiene en cambio unos efectos internos en Ecuador que la explican. Por un lado, Francisco Carrión, un funcionario de carrera en la Cancillería quiteña, pretendía su ratificación como ministro de Exteriores y por eso encendió el fuego. Por el otro, el asunto daba una justificación a Rafael Correa para entrar alzando la voz. Enfrentar a Colombia le da un espacio de reunificación interna que necesita con urgencia.Aunque fue ganador con holgura de las elecciones, Correa sabe que los comicios fueron polarizantes y que le será muy difícil sobreponerse a las heridas dejadas por la contienda. Para rematar, no tiene ni un solo asiento en el Congreso. Así que con los antecedentes de inestabilidad política en Ecuador, era posible anticipar que se agarraría de cualquier excusa que le permitiera despertar el nacionalismo y aglutinar detrás de sí al grueso de la opinión pública. Como con temas internos es imposible y tampoco hay espacio para ello en asuntos como las relaciones con Chávez o con Estados Unidos, porque en estos se agudiza la división, la cuerda había que tensarla por lo más delgado. Y ahí quedamos nosotros. Aquí, pues, no se trata de si las fumigaciones son útiles o no para luchar contra el narcotráfico, o si dicha lucha es plausible. Ni siquiera se trata de si Correa tiene alguna simpatía por las Farc o si continuará con la posición de Alfredo Palacios de eludir las responsabilidades que en materia de combate contra el terrorismo les caben a los vecinos. Esas son otras discusiones. Se trata, en cambio, de conseguir espacios políticos de unidad nacional en Ecuador. Lo malo, claro, es que se haga a costa de dañar unas relaciones que han sido siempre de verdadera hermandad.Así las cosas, a San Carlos le corresponde actuar teniendo este panorama en mente. Eso supone no caer en provocaciones. Y entender que a pesar de todo, con Correa cabe la colaboración. Al menos hay que darle la oportunidad de posesionarse y confiar en que los discursos de la campaña y del período previo a su posesión no corresponderán a sus actos de gobierno.Finalmente, se debe mantener sin modificación la política de aspersiones. Ceder mostraría una debilidad inaceptable e iría en contra de nuestros intereses.