El pago de demandas contra la Nación muestra una tendencia creciente en la última década. Desde el año 2000 hasta la fecha, el Estado colombiano ha tenido que pagar 3,3 billones de pesos por sentencias y conciliaciones de las cuales el sector defensa presenta la mayor participación con el 50 por ciento (1,6 billones de pesos), seguido por el sector justicia y el sector transporte. La concentración de los pagos ha sido una constante. Solo en la vigencia del año pasado, el sector defensa concentró el 69 por ciento de las demandas. Las cifras están contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento que contiene las proyecciones técnicas de la sostenibilidad fiscal del país y que acaba de entregar el Ministerio de Hacienda al Congreso. Pero lo más escandaloso del tema son las pretensiones de los litigios actualmente en curso, que se estima ascienden a 980 billones de pesos, cerca de dos veces el PIB colombiano en un año. Claro que en esta suma está incluida la famosa demanda contra el Incora -por unas tierras en el oriente antioqueño- que, a pesos de 2003, estaba calculada en 594 billones, pero traído a valor de diciembre de 2010 ya asciende nada más y nada menos que a 834 billones de pesos.