Antes del 31 de julio los bogotanos sabrán si el Concejo de Bogotá le da vía libre o no a la consulta para avalar o prohibir las corridas de toros y novilladas en la capital. Mientras el trámite arranca, los opositores y quienes apoyan la iniciativa están enfrentados por la legalidad de la iniciativa. Es más, la propia Registraduría Nacional presentó reparos por el dinero y la fecha para la votación. Por su parte, para la Administración Distrital el trámite no tiene vicios de legalidad y esperan que en 25 de octubre en las elecciones regionales, se pueda votar la pregunta “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital?”. Ante ese panorama ¿cuáles son los enredos de la iniciativa? No dan los tiempos La primera de las dificultades quedó enunciada por el registrador delegado para lo electoral Alfonso Portela quien señaló que el tiempo ya no daba para hacer la consulta. Los períodos están previstos en la nueva Ley 1757 del 6 de julio del 2015. Una vez presentado el proyecto se necesitan 20 días para que el Concejo emita su concepto. Luego se necesitan 10 días más para que se cualquier persona impugne o coadyuve a la constitucionalidad de la propuesta y la Procuraduría rinda concepto. Otros 15 días adicionales para que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca haga el control constitucional. Cumplido el requisito, el alcalde tendría ocho días para fijar la fecha para la consulta. Solo hasta ese momento la Registraduría solicitaría el dinero. La ley prevé que la esta iniciativa tendría que dentro de los tres meses siguientes al concepto entregado por el Concejo. “Lo que estamos diciendo que si se cumplen los requisitos no da para el 25 de octubre”, dijo el registrador delegado. No está la plata Si la consulta supera el control del Concejo y del Tribunal Administrativo, la Registraduría tendría que solicitar el dinero a la Nación. Sin embargo, desde ya el ente electoral advirtió que no pueden pedir los recursos si la consulta no está debidamente convocada. Los promotores esperan que la iniciativa se realice en octubre lo que reduciría el costo un 70 %, de lo contrario, si se realiza en una fecha distinta a las elecciones su valor podría ser de 35.000 millones de pesos. Por ahora, la Registraduría no tiene previsto solicitar el dinero. “Cuando esté lista vamos al Ministerio de Hacienda, no podemos adelantarlos a pedir plata de un tema que está en veremos”, recordó el registrador para lo electoral Alfonso Portela. ¿Ley o consulta? En los próximos días está previsto que en el Concejo se realice un foro para resolver algunos vacíos jurídicos que tendría la iniciativa. El primero de ellos es establecer si una consulta popular puede echar para atrás los fallos de la Corte Constitucional y sobre todo la Ley 916 de 2004, que reglamentó la actividad taurina y reguló la organización de estos espectáculos. Para el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, la consulta se puede convocar si cumple los requisitos legales, pero recordó que este mecanismo no puede derogar leyes. “Yo creo que la consulta se puede realizar, pero si la repuesta es que no está de acuerdo con las corridas ahí habría un choque con la ley, lo que se puede hacer es presentar un proyecto al Congreso para derogar la ley taurina”. El concejal Jorge Durán quien presentó un informe al Concejo en ese sentido coincidió con el magistrado que es el Congreso el que tendría la facultad de echar para abajo la ley. “Es contundente porque dice que los alcaldes y los Concejos no pueden prohibir la feria taurina”, dijo. ¿Quién hace la revisión? Otro de los temas a resolver es en qué momento se hace la revisión constitucional por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Ley anterior ley de participación ciudadana: 134 de 1994, establecía que luego de la aprobación por parte del Concejo era el tribunal quien lo revisaba, ahora para algunos concejales, este requisito habría cambiado. El artículo 21 de la nueva ley de participación ciudadana presuntamente obligaría a que la pregunta de la consulta pase primero por el control de constitucionalidad, es decir, que el Tribunal Contencioso Administrativo debe revisarla primero antes que la vote su viabilidad el Concejo de Bogotá. Para la secretaria general Marta Lucia Zamora, “eso no tiene sentido” y aseguró que en el control legal de la Corte Constitucional aclaró el tema. “Primero va a la revisión política y luego a lo constitucional, ya les explicamos eso a los concejales”. Apoyo político No es claro cómo será la votación de los concejales en la capital. Aunque en el cabildo existe una amplia bancada animalista, al menos 23 de los 45 concejales, lo cierto es que la mayoría podría oponerse si ven que el alcalde Petro y los funcionarios de la alcaldía asumen una vocería fuerte de la propuesta. Así quedó en evidencia en el primer debate cuando varios concejales reclamaron que la administración se había apropiado de la consulta cuando esta era de iniciativa ciudadana. El concejal de la Alianza Verde Hosman Martínez, que apoya la consulta y es opositor del alcalde, dijo que estaba dispuesto a votarla e incluso invitó a sus colegas a hacerlo, a pesar de ello reconoció que “un sector del Concejo todo lo que hace Petro lo tumba, esta vez el cabildo no puede enredar una iniciativa en beneficio de los animales”. En los próximo días se conocerán si estas y otras las dudas y escollos jurídicos son resueltos para que la consulta avance o por el contrario la iniciativa quede en el camino.