La canciller de Colombia informó el miércoles que se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-Moon, para exponerle la crisis humanitaria que atraviesan miles de colombianos desde cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó su expulsión y deportación de Venezuela. "El miércoles me recibe el señor secretario general de Naciones Unidas", explicó María Ángela Holguín durante un debate en el Congreso. El anuncio de Holguín se produjo un día después de que el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer una ofensiva de su gobierno ante organismos multilaterales para denunciar los supuestos maltratos que han sufrido sus compatriotas en la frontera colombo-venezolana. La ministra de Exteriores también dijo que en breve se reunirá con el alto comisionado para los Derechos Humanos y la Organización Internacional de Migraciones. A todos, dijo Holguín, "voy a mostrarles lo que ha pasado y la situación tan absurda" a la que han sido sometidos unos 1.100 colombianos que han sido expulsados por orden del gobierno venezolano. Según Naciones Unidas, otros 10.000 colombianos han dejado voluntariamente Venezuela por temor a represalias. La decisión de Santos de recurrir a distintas instancias internacionales recibió el inusual respaldo de su mayor opositor político: el expresidente Álvaro Uribe. Uribe calificó de "correcta" la decisión de Santos y ofreció una tregua ante lo que considera un cambio de actitud del presidente colombiano. "Creo que por el momento del país debo ahorrar preocupaciones por todo lo que venía diciendo y haciendo el Gobierno y dudas sobre el futuro", afirmó a periodistas. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, reveló que en los últimos días fueron deportadas desde Venezuela más de 1.000 personas, de las cuales una de cada cuatro era menor, y expresó su preocupación por los niños separados de sus madres y la destrucción de viviendas donde residían colombianos. "Venezuela ha dado un paso atrás en sus obligaciones internacionales y se une al conjunto de países que involucionan en materia de derechos humanos", dijo Icaza en entrevista con a Blu Radio. Las relaciones entre Caracas y Bogotá entraron en crisis luego de que Maduro resolvió el 20 de agosto el cierre de algunos pasos fronterizos en el estado de Táchira a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil cuando realizaban actividades de combate al contrabando. Según el gobierno venezolano, los hombres fueron atacados por paramilitares colombianos. Ambos gobiernos llamaron el 27 de agosto a consultas a sus respectivos embajadores. A su vez, Maduro declaró el estado de excepción en 10 municipios fronterizos de Táchira, lo que implica la suspensión de algunas garantías constitucionales como las de reunión, manifestación en las calles, inviolabilidad del hogar y las comunicaciones, libre tránsito y libertad para dedicarse a cualquier actividad económica.