El perdón de Santos

¿Está el Estado colombiano preparado para asumir su responsabilidad en los 50 años de conflicto si ni siquiera ha podido aceptar las atrocidades que se cometieron por parte de las fuerzas del orden en la retoma del Palacio de Justicia? Lo pregunto, porque es la primera vez en 30 años que un presidente pide perdón y acepta todo lo que el Estado se ha negado a admitir cada vez que le ponen el tema del holocausto de la justicia. En el perdón que pidió Juan Manuel Santos, recuerda que el acto terrorista -a todas luces condenable- lo cometió el M-19, pero admite que hubo hechos muy graves en la retoma que aún no están resueltos; que hubo personas desaparecidas cuyos cuerpos todavía no han podido ser encontrados y puso de presente un caso que ningún gobernante antes había admitido: el del magistrado auxiliar Carlos Urán, cuyo cuerpo apareció en el palacio con las yemas de los dedos cortadas y con muestras de haber sido torturado. Años después la Fiscalía probaría que había salido vivo del asalto. Hay que abonarle al presidente Santos el cambio de opinión, porque hace tan solo tres años pensaba lo contrario. El día en que se conoció el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le pidió a la Corte Penal Internacional investigar presuntas responsabilidades del presidente de entonces, Belisario Betancur, al tiempo que se le ordenaba al Ejército colombiano pedirle perdón a las víctimas del holocausto, su reacción fue muy diferente: descalificó el fallo diciendo que carecía de “sentido jurídico” y que más bien él iba a pedirle perdón al propio expresidente Belisario Betancur, “a nombre de todos los colombianos por haberlo puesto en esta situación nuevamente”. Y por si esto fuera poco, más adelante afirmó que “en lugar de poner al Ejército en la picota lo que se debería hacer era pedirle perdón a la institución por no ser lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos”. Falta ver si los militares siguen al presidente Santos en este perdón. El hecho de que no estuvieran presentes en la ceremonia ni el ministro de Defensa, ni los altos mandos militares ha suscitado más de una suspicacia. Hasta ahora a los militares que tuvieron que ver con la retoma -y que hoy están pagando condena por los excesos cometidos en el uso de la fuerza- no se les ha cruzado por la mente pedirle perdón a las víctimas del Palacio de Justicia. Por el contrario, el hoy condenado general Arias Cabrales dijo, desde su lugar de prisión, que luego de 30 años de sucedidos los hechos no se arrepiente de nada de lo que hizo. (Ver especial de SEMANA del Palacio de Justicia). Lo mismo ha dicho el coronel Plazas Vega, quien pronunció una de las frases que hacen parte de la iconografía del holocausto de la justicia: “Estamos defendiendo la democracia… maestro”, le dijo a un periodista que le preguntó por la retoma. Al fondo, recuerdo, se veía el Palacio de Justicia ya en llamas. Después el país sabría que a esa misma hora la mayoría de los magistrados que estaban en el cuarto piso probablemente ya no estaban vivos. Cuatro años después, el testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, un exagente del B-2, contó cómo el Ejército desapareció a varios de los civiles que quedaron atrapados en la toma.Treinta años después del holocausto de la justicia, el número de desaparecidos sigue siendo incierto y Eduardo Umaña Mendoza, el adalid en esa causa para dar con el real paradero de esas personas, fue asesinado. Su crimen sigue impune y se cree que su muerte tuvo que ver con su interés por investigar el tema de los desaparecidos en el palacio. Plazas Vega, además, ha sostenido de manera insistente que no quiere ninguna amnistía porque no hizo nada indebido y señala a los familiares de las víctimas desaparecidas en la retoma como los responsables de haberle fabricado falsos testigos para incriminarlo. Para todos los que han intervenido en su condena son o auxiliares de la guerra o títeres del comunismo internacional. El propio Estado ha sido históricamente solidario con estos oficiales cada vez que la justicia los ha llamado a cuentas. Cuando Alfonso Gómez Méndez firmó la destitución de Arias Cabrales, el ministro de Defensa del gobierno Gaviria, Rafael Pardo, en una carta le informó que acataba la orden, pero que la consideraba “totalmente injusta”. Y en 2006, cuando la fiscal Buitrago puso presos a Arias Cabrales y a Plazas Vega, el gobierno de entonces de Álvaro Uribe, con su ministro de Defensa a la cabeza, dijo que la decisión de la Fiscalía era totalmente injusta. A los pocos años, Ángela Buitrago fue forzada a dejar su cargo y los sectores de la ultraderecha felicitaron su salida porque la consideraban como la fiscal de las Farc. Los ministros de Belisario Betancur, como Jaime Castro y Noemí Sanín, insisten que no hubo vacío de poder y que ellos estuvieron al tanto de todo y que se tomó la decisión de no negociar porque se llegó a la conclusión –bastante ingenua por lo demás-, de que las intenciones del M-19 era tomarse el poder e instaurar un gobierno nuevo. Pensar que un movimiento urbano, que venía siendo duramente golpeado en las ciudades, podía tomarse el poder y tumbar al gobierno de Belisario, era tan absurdo como la tesis que esbozaba la ultraderecha en ese momento, según la cual, si las Farc se desmovilizaban producto de los acuerdos de La Uribe, el comunismo internacional se iba a tomar el país. Pese a lo descabellada de la tesis, hizo carrera hasta acabar con el proceso de paz y ‘legitimar’ en ciertos sectores el genocidio de la UP. Ojalá este perdón de Santos sea un acto de contrición real e inicie una autocrítica que nunca se le ha visto al establecimiento político. Si el Estado no es capaz de aceptar su responsabilidad en el Palacio de Justicia, tampoco va a poder hacerlo cuando le toque asumir su responsabilidad en estos 50 años de guerra. Ahora solo falta que el expresidente Belisario Betancur pida perdón como dios manda y no se quede en vaguedades ni en perdones exentos de alma.