En los últimos años en el alto gobierno ha hecho carrera la frase de que con la minería ilegal, “el oro es la nueva cocaína”. Así como durante décadas los que manejaban los cultivos ilícitos permearon todas las estructuras del Estado, pusieron y quitaron gobernantes y financiaron las peores mafias, ahora quienes están detrás de la minería ilegal producen los mismos devastadores efectos. A esa nueva amenaza, el gobierno le acaba de declarar la guerra. Desde hace varios años la minería ilegal es una de las peores contrapartes del Estado. “Es un enemigo mucho más poderoso, mucho más peligroso y que hace mucho más daño del que pensábamos”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos en Puerto Asís al lanzar la ofensiva. “Esta minería criminal es un negocio que se calcula puede estar por el orden de los 7 o más billones de pesos. Es decir, que es un negocio que mueve más plata que el propio narcotráfico”, agregó. La guerra contra la minería ilegal, que acaba de anunciar Santos, se va a dar en dos frentes. El primero es estrictamente militar. El presidente reconoció que a partir de esta semana las operaciones contra este fenómeno van a ser prioritarias y serán lideradas también por el Ejército. Otra de las novedades es que se le va a agregar al Consejo Nacional de Estupefacientes el análisis de estas actividades ilícitas. El otro arsenal que se piensa desplegar es jurídico. La minería ilegal es mucho más difícil de combatir que el narcotráfico. Una de las razones es que mientras la coca es un elemento ilegal y las mafias tienen que hacer todo tipo de maromas para sacarla del país, el oro es totalmente legal una vez sale de la mina. “Si usted captura a una persona con el kilo de coca se va para la cárcel. Si captura a alguien con oro ilegal se va para la casa porque eso no está tipificado como delito. Es uno de los aspectos en que la ley es muy débil”, explicó hace unos meses el general Luis Eduardo Martínez, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, para un informe de SEMANA sobre este problema. El gobierno va a presentar un proyecto de ley para darles más facultades a las autoridades en esa lucha. Hoy el delito de minería criminal se refiere solamente a la explotación y exploración de minerales. Con la nueva normatividad el delito se extiende para toda la cadena productiva como quien lo comercializa, lo transporta o lo almacena. Es decir, que ahora se castiga igual a quien le arranca el oro con una draga al río, como a quien va a venderlo a una joyería en el extranjero. Por otro lado, a esa lucha se le van a dar algunas de las herramientas similares a la lucha contra el narcotráfico. Una de ellas es la figura del lavado de activos que permite investigar a quienes manejen bienes que hayan tenido origen en actividades criminales como el secuestro, el tráfico de armas, la financiación del terrorismo, entre otros. La reforma agrega el concepto de minería ilegal a este delito. Así mismo, también lo incluye como un agravante al que castiga la financiación de organizaciones criminales. Con esas modificaciones, la minería ilegal puede dar hasta 20 años de prisión. Otro elemento es la implementación de un control de insumos y sustancias químicas utilizadas para las actividades mineras como el mercurio que son vitales para extraer los minerales, pero letales para las aguas en las que se vierten. Del mismo modo, se ampliarán las facultades de la Policía para suspender actividades mineras y decomisar el oro que se extrae ilegalmente. El gobierno explica que quiere darle a la lucha contra la minería ilegal las mismas herramientas de la lucha antidroga pues en últimas detrás de ambos fenómenos están las mismas estructuras ilegales y lo que está mutando es el negocio. El ministro Yesid Reyes reconoce que “las bacrim se han dado cuenta de que es más rentable y más seguro comercializar metales preciosos que la misma cocaína”. La forma cómo operan tampoco es muy diferente. Mientras los cultivadores de drogas utilizan a los campesinos para que tengan en sus parcelas las matas de coca, quienes manejan el negocio del oro ilegal también se valen de cientos de colombianos, muchos de ellos afrodescendientes o indígenas. Para ellos existe una política de formalización y no una persecución penal pues el Estado entiende que las mafias los utilizan para que vayan a pescar el metal precioso en las laderas de los ríos o en los enormes cráteres que forman con sus dragas. Mucho más que los cultivos ilícitos, la minería ilegal deja una huella indeleble en los territorios que ocupa. Se esparce como un cáncer por ríos, bosques, manglares, y los daños que produce son irreversibles. Según el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, el año pasado 17.000 hectáreas fueron deforestadas por cuenta de esta actividad criminal. Muchas de estas en las zonas con mayor valor ecológico del país. “Casi el 17 por ciento de las zonas protegidas del país (como parques nacionales y páramos) sufren de este flagelo”, explica el ministro. Agrega que, además, más de la mitad de las zonas hidrográficas del país están amenazadas por el afán de sacarle a los afluentes el metal precioso. Sin embargo, la estrategia que se ha desplegado para esta nueva guerra deja muchos interrogantes. Primero, si esta va a llevar a repetir los mismos errores que se han cometido en la guerra contra las drogas, que ha pecado por ser más eficaz con el eslabón más débil de la cadena. Segundo, los conocedores de esta problemática temen que termine por estigmatizar a los miles de campesinos que hoy encuentran en la minería una forma de sustento. Las medidas legislativas que permiten enjuiciar a toda la cadena productiva no van a caer bien en los territorios históricamente mineros que se han quejado en numerosos paros de vivir una persecución. En tercer lugar, hay quienes creen que la entrega de esta lucha al Ejército no solo es equivocada, sino peligrosa. Se supone que las Fuerzas Armadas solo están diseñadas para combatir a su contraparte en la guerra, y en la minería ilegal la definición de “enemigo” que sugirió el presidente puede caer en una línea cuestionable en materia de Derechos Humanos. Falta ver cómo aterriza el gobierno este paquete en el proyecto de ley y los decretos que se van a tramitar en los próximos meses. La lucha es sin duda importante, pero generará mucha polémica.