La cartera que dirige Gina Parody anunció hoy en rueda de prensa que la corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena será sancionada debido a un pliego de irregularidades en la gestión del centro. Por ello, cinco de los directivos del centro, integrantes todos de la Asamblea General de la institución, han sido multados a pagar 122 millones de pesos. Se trata de Miguel Henríquez Emiliani, fundador y ex rector de la corporación; su esposa, María Carmela López, y sus hijos Miguel Ángel, Vanessa y Viviana. Tras una investigación que se remonta a julio de 2012, a mediados de este año, la cartera que dirige Gina Parody constató que la universidad sumaba un endeudamiento cercano al 75% sobre los activos. También faltaban pagos en la nómina, aportes a la seguridad social y no se encontraron algunos registros contables. “La Corporación Universitaria ha afectado gravemente la situación financiera de la universidad, especialmente al capital de trabajo y la liquidez”, indicó ahora Natalia Ariza, viceministra de Educación Superior. El Ministerio comprobó que el dinero que se recaudó de las matrículas no se reinvirtió en el centro, sino que fue a parar “a otras cosas”. En términos legales, hubo una falla en la “debida conservación y aplicación de la renta de la institución”. En este desvío de capital, se destinaron 6 mil millones de pesos a adecuar instalaciones propiedad de dos sociedades de la Familia Emiliani. Posteriormente, estas edificaciones fueron arrendadas por la Universidad por un valor de hasta 150 millones de pesos mensuales, mucho mayor del que se establece en las políticas de contratación de la institución. La Rafael Núñez también incurrió en una obstrucción a la función de inspección y vigilancia por parte de las autoridades ministeriales. Durante todo el proceso investigativo se entregó información incompleta y se desatendieron las solicitudes al respecto. Por todo ello, el Ministerio de Educación ordena a la Universidad presentar un plan de mejoramiento para corregir las “deficiencias” encontradas en la gestión, además de constituir una fiducia que asegure el manejo de los recursos y las rentas. Que estos se destinen a actividades propias y exclusivas de una institución de educación superior. La institución no podrá recibir fondos por fuera de la fiducia. En caso contrario o de incumplimiento de las medidas preventivas, el ministerio prevé “escalar las sanciones impuestas”. Incluso concibe la destitución de toda la junta directiva responsable de las irregularidades. Semana Educación trató de ponerse en contacto con la citada Universidad para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible.